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La Corte Suprema evalúa candidatos

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Vincent

El juez presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, John G. Roberts Jr., podrá nombrar en cualquier momento al juez que atenderá la petición de protección bajo el Título III de PROMESA que la Junta de Supervisión Fiscal radicó a nombre de Puerto Rico ayer.

Según fuentes de este diario, el alto foro judicial estadounidense lleva algunas semanas evaluando candidatos para presidir el caso de Puerto Rico, mientras el tribunal del distrito federal de Puerto Rico, de manera discreta, ha comenzado a modificar algunos de sus procesos internos para atender lo que podría ser uno de los procesos de bancarrota municipal más complejos en la jurisprudencia estadounidense.

Ayer, el Tribunal Supremo de Estados Unidos se limitó a confirmar a El Nuevo Día que en efecto, el juez presidente Roberts designará un juez de distrito para atender el caso, según establece PROMESA en su sección 308.

La semana pasada, el portavoz de prensa del tribunal del distrito federal de Puerto Rico, Jorge Soltero, indicó a este diario que analizaban diversos escenarios de medidas para atender los casos que se radiquen bajo PROMESA en ese foro, pero no ofreció más detalles.

A la fecha, el tribunal de distrito en la Isla ha tomado algunas medidas para trabajar con los casos bajo PROMESA. Por ejemplo, el juez federal Francisco A. Besosa propuso enmendar las reglas de procedimiento civil a fin de tramitar la radicación de casos a través del título VI de PROMESA, una propuesta que la secretaría del tribunal comunicó a los abogados admitidos a ese foro. Esto para que ofrezcan sus comentarios en o antes del próximo 12 de mayo.

Según PROMESA, para atender los casos bajo ese estatuto, es posible, que el tribunal de distrito federal reasigne recursos de la corte para brindar apoyo al juez que atienda los recursos ante su consideración.

De otra parte, el sistema digital de documentos del tribunal fue modificado incluyendo entre las categorías de clasificación términos como “PROMESA” y “Título III”.

Sin embargo, según el exjuez de bancarrota Gerardo Carlo-Altieri, el juez presidente Roberts tendrá amplia discresión para determinar si el pedido de bancarrota radicado por el Gobierno y otro puñado de peticiones que se radicarán en los próximos días serán atendidos en Puerto Rico.

De acuerdo con Carlo-Altieri, lo “más correcto” sería que designe un juez de distrito que podría ser de Puerto Rico, pero también dentro de la región judicial a la que pertenece la Isla. Es decir, la región...

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