Costosa La pelea sucia
Por Keila López Alicea
keila.lopez@elnuevodia.com
En el ardor de la campaña, la presentación de querellas contra los adversarios, las acusaciones sin evidencia y los comentarios insultantes se convierten en la orden del día entre ciertos enemigos políticos.
Aunque todos los ciudadanos tienen el deber de denunciar la comisión de un delito, el uso de los recursos del Gobierno para realizar investigaciones huecas motivadas por razones políticas sangran las arcas públicas.
Tan solo tres situaciones reportadas durante el último año, que fueron tildadas de jugarretas políticas por los afectados, han costado a los contribuyentes -según cálculos conservadores- más de $ 63,000. Y eso sin contar situaciones de pasados cuatrienios, como la pesquisa del notorio "vídeo C-59" en la Legislatura que le costó al pueblo más de $ 77,000.
Estas investigaciones se podrían ver como estrategias politiqueras, movidas en el tablero del juego sucio de la política, más aún en un año electoral.
"Este tipo de investigación podría minar una competencia justa en términos políticos. Algo que podría tener fundamentos se pierde y genera malestar en el pueblo cuando se hace cerca de las elecciones para ganar ventaja", señaló el abogado Domingo Emanuelli.
En estos cálculos solo se tomaron en cuenta los salarios devengados por los empleados públicos o contratistas que trabajaron directamente en las intervenciones seleccionadas, por lo que el monto será mayor si se toman en cuenta el tiempo invertido por otros funcionarios gubernamentales que asistieron en las situaciones, los materiales que tuvieron a su disposición y el servicio que se dejó de ofrecer a la ciudadanía, entre otras variables.
"El problema no es que los políticos presenten querellas en contra de otros. Lo que puede ser problemático es cuando la investigación es selectiva, cuando se investiga solo contra la oposición y no se investiga contra la gente del partido de gobierno", señaló la profesora de administración pública Palmira Ríos.
La semana pasada, una querella presentada por la senadora y aspirante novoprogresista a la alcaldía de Caguas, Norma Burgos, contra la administración municipal cagüeña propició una visita de agentes del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) en busca de documentos sobre el uso de miembros de la Policía Municipal para ofrecer escoltas a líderes del Partido Popular Democrático.
Detractores de la senadora rápido señalaron que trata de sacar ventaja política al acusar al alcalde.
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