Crece preocupación por la energía
Mientras decenas de abogados discuten en Nueva York los argumentos a favor y en contra del otorgamiento de un préstamo a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), tan solo la amenaza de apagones selectivos y el cierre parcial de la corporación pública desata una enorme inestabilidad en diversos sectores industriales.
Esta situación podría verse reflejada en la economía con la pérdida de oportunidades de negocio y hasta el traslado de líneas de producción fuera de Puerto Rico.
Del mismo modo, las avenidas hacia una reestructuración de la corporación pública, incluyendo la idea de privatización ya acogida por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, podrían verse trastocadas por la disfunción de la utilidad eléctrica que ayer reiteró su necesidad de un préstamo, esta vez de $300 millones, para supuestamente no tener que activar un plan de contingencia que dejaría decenas de miles de residencias, comercios e industrias con un servicio eléctrico racionado.
Ayer, al tiempo que la jueza Laura Taylor Swain, que atiende los casos de quiebra territorial en el Tribunal Federal, ordenaba la celebración de una nueva audiencia el próximo martes para dilucidar el nuevo pedido de préstamo que, en conjunto la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y la Autoridad de Asesoría Fiscal y Agencia Fiscal (Aafaf) solicitó para la AEE, se informó sobre la puesta en marcha del plan de contingencia que implica apagar varias plantas generadoras de electricidad y cuyos efectos comenzarán a manifestarse con un aumento en la inestabilidad del sistema eléctrico que de por sí ya funciona con dificultades por la lenta recuperación tras el paso de los huracanes Irma y María.
Originalmente, el préstamo solicitado por la AEE era de $1,300 millones, monto que fue modificado a $1,000 millones posteriormente.
Sin embargo, la jueza no le dio paso a este empréstito por entender que el gobierno no había justificado la necesidad de ese dinero y que los términos que se establecieron no cumplían con el estado de derecho y podía ir en prejuicio de los acreedores de la corporación pública. El prestamista en la transacción era el gobierno central de Puerto Rico.
La jueza, al anunciar su determinación el pasado jueves, se expresó inclinada a aprobar un préstamo por una suma menor, de alrededor de $300 millones con condiciones similares a las que tendría una transacción de este tipo en el mercado ordinario de valores.
Préstamo modificado
La nueva petición ante la jueza para que apruebe el préstamo...
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