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La crisis de Retiro: PROBLEMA DE TODOS

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Vincent

Por SERGIO MARXUACH

Director de Política PúblicaCentro para la Nueva Economía

Recientemente, el equipo financiero del gobierno presentó varias propuestas para atender la crisis del sistema de retiro de los empleados públicos. El conjunto de medidas implica una reforma estructural profunda de las pensiones públicas. Por tanto, era de esperarse que las reacciones de los diversos grupos afectados fueran intensas y viscerales. Más aun, en un país que no está acostumbrado a actuar colectivamente ni a que se le exija sacrificios de ningún tipo, es tal vez lógico que la reacción inicial de cada grupo sea la de proteger su "finca".

Desafortunadamente, los argumentos que se han utilizado por diversos grupos para evitar contribuir a la solución del problema se basan en premisas falsas o solo parcialmente ciertas. A continuación analizamos algunos de esos argumentos fallidos.

He escuchado a muchos decir que "eso no es problema mío, yo trabajo en la empresa privada, allá los pensionados y el gobierno que resuelvan". Este argumento se basa en la premisa falsa de que los que no trabajamos en el gobierno no tenemos que contribuir a la solución, ya sea porque no tenemos la obligación moral de hacerlo o porque no nos afecta directamente.

Todos los que residimos en Puerto Rico tenemos obligaciones que surgen por el mero hecho de vivir aquí. Estas obligaciones, que podemos llamar obligaciones de solidaridad, son obligaciones particulares de responsabilidad moral que le debemos a aquellos con quienes compartimos cierta historia o relación. No requieren de nuestro consentimiento, pues su peso moral se deriva del hecho de que la historia de cada una de nuestras vidas está implicada en la historia de vida de otros.

Si ese argumento no le resulta persuasivo, tal vez uno basado en las consecuencias de no atender contundentemente este problema lo convenza. Una degradación del crédito de Puerto Rico a nivel "chatarra" tendría repercusiones adversas para todos los que vivimos en Puerto Rico, ya que desataría una crisis financiera. Eso significa, entre otras cosas, que el gobierno tendría poco o ningún acceso a los mercados financieros; veríamos una depreciación del valor de los bonos y obligaciones de Puerto Rico de entre 30% y 50%; la liquidez y la solvencia de las instituciones financieras y compañías de seguro en Puerto Rico podrían verse afectadas adversamente; veríamos un aumento en las tasas de interés y una contracción significativa del crédito; y aumentarían...

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