Información jurídica inteligente
 Puerto Rico | +1 (305) 890 29 82

Critican la ausencia de datos

Document Citado por Relacionados
Vincent

La poca disposición de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y de la administración de Ricardo Rosselló Nevares para compartir información financiera quedó vertida ayer en el récord judicial de la primera audiencia de Título III, cuando dos abogadas relataron a la corte los obstáculos que han encarado sus clientes para participar de las negociaciones de la deuda pública de Puerto Rico.

“La buena fe es crítica a medida que nos movemos hacia adelante”, dijo Marcia Goldstein, representante legal de la aseguradora municipal National Public Finance Gurantee y socia del bufete Weil, Gotshal & Manges.

Según Goldstein, para que pueda darse una negociación es necesario que haya “transparencia” y que se provea suficiente información acerca de las finanzas públicas, algo que no ha sucedido a la fecha.

“Estamos decepcionados con lo que ha sucedido”, agregó la abogada.

“El plan fiscal actual viola (la ley federal) PROMESA”, dijo por su parte la abogada Ellen M. Halstead, representante de Assured Guaranty y parte del bufete Cadwalader, Wickersham & Taft.

Según Halstead, la JSF y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) “rechazaron” discutir los planteamientos y razonamientos que dieron pie al plan fiscal certificado el pasado 13 de marzo. Como resultado, dijo que a su cliente no le quedó otra alternativa que radicar un procedimiento adversativo contra Puerto Rico el pasado 3 de mayo. Esto, una vez la JSF radicó la petición del Título III de PROMESA para el Gobierno central y la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina).

Acto seguido, Halstead dejó entrever que para avanzar en las negociaciones el plan fiscal tendrá que ser modificado “sustancialmente”.

Los planteamientos de Goldstein y Halstead se produjeron ayer, casi al cierre de la primera audiencia de los casos Título III y que presidió la jueza de distrito federal, Laura Taylor Swain.

Allí, las abogadas reafirmaron los alegatos que aseguradoras y grupos de bonistas hicieron en marzo y abril, cuando criticaron la renuencia de la JSF y la Aafaf a discutir los supuestos del plan fiscal y que apenas dedica entre 4% a 6% de los recaudos del gobierno al servicio de la deuda.

De acuerdo con Goldstein, al presente, la posibilidad de encausar una negociación voluntaria entre las partes es “muy, muy lejana” debido a que no hay data financiera confiable, seria y abierta que permita tomar...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

Búsquedas relacionadas:

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR