Críticas y aplausos del Sierra Club
Por Gerardo Cordero
gerardo.cordero@gfrmedia.com
El citado estatuto, presentado por el gobernador Luis Fortuño, "limita la participación pública en la otorgación de permisos a proyectos de construcción", lo que dificulta la futura protección de terrenos de alto valor ecológico en el país.
Así lo expuso Orlando Negrón, presidente del Sierra Club, al presentar un informe en el que, además de esa ley, identifican otras ocho legislaciones clasificadas como "tóxicas" para el país, así como nueve leyes positivas para la protección del medio ambiente en la Isla.
De las 18 leyes mencionadas en el "Ecoinforme Legislativo 2009-2012", se destaca la Ley 126, que designa la Reserva Natural del Corredor Ecológico del Noreste, premiada como uno de los estatutos ecoamigables aprobados en el cuatrienio que está por concluir.
En este caso destacaron que la ley se aprobó por unanimidad en ambos cuerpos legislativos y que en el trámite fue notable la labor de los representantes Luis Vega Ramos (PPD) y Johnny Méndez (PNP).
Estrella Pérez, portavoz del comité que seleccionó las legislaciones, señaló en una conferencia de prensa en San Juan, que el reporte ayudará a los ciudadanos a elegir en los comicios generales a senadores y representantes comprometidos con la protección y conservación del medio ambiente.
"Este informe también forma parte del esfuerzo de cabildeo comunitario ambiental del Sierra Club, el cual intenta conectar a los ciudadanos con sus legisladores para crear un ambiente legislativo fiscalizado por el público", agregó Pérez.
Negrón, por su parte, precisó que la Ley 7, que decretó una emergencia fiscal y propició miles de despidos en el servicio público se incluyó como la primera de las nueve legislaciones negativas o tóxicas para el país en términos de protección ambiental porque redujo dramáticamente el personal responsable de la fiscalización del cumplimiento de reglamentos y leyes protectoras del medio ambiente.
Con menos personal en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, así como en la Junta de Calidad Ambiental, se hace ahora más difícil la conservación y protección de la flora, la fauna y los terrenos de alto valor ecológico, pero además reduce los recursos responsables de atender e investigar querellas de los ciudadanos sobre situaciones que dañan el medio ambiente.
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