Crowley insta a mantener intactas las leyes de cabotaje

Michael G. Roberts, vicepresidente de Crowley, afirmó ayer que "ha habido mucha desinformación sobre el impacto de la Ley Jones" en Puerto Rico y que el estatuto -lejos de encarecer la vida en la isla- viabiliza inversiones multimillonarias y una cadena de suministros eficiente.Roberts basó sus expresiones en el estudio "Impacto de la Ley federal Jones en Puerto Rico", que el pasado 18 de julio divulgó el economista John Reeve, en colaboración con la firma local Estudios Técnicos. En este estudio, coauspiciado por Crowley, se concentró ayer una mesa redonda del subcomité congresional de Guardia Costera y Transportación Marítima, que preside el congresista republicano Duncan Hunter.Según el estudio, que Reeve resumió durante la sesión, la Ley Jones no tiene impacto real sobre los precios al consumidor, mantiene más de 1,000 empleos en la isla y genera un impacto económico positivo de $250 millones al año.Sin embargo, su aplicación -que requiere que el transporte de bienes entre puertos domésticos se haga con navíos y tripulación estadounidenses- "al final se trata de un asunto de seguridad nacional", afirmó Hunter.Recordó que por este estatuto es que Estados Unidos mantiene una industria marítima comercial robusta y navíos modernos con capacidad de apoyar actividades bélicas de ser necesario. Mientras, el veterano congresista republicano Don Young, planteó que ante la presión de sectores como el agro, que buscan mayor flexibilidad, "vamos a tener que educar que esta es una buena ley".Roberts aprovechó su intervención para hacer un llamado al Congreso a fomentar la actividad...

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