Cuestionada la autonomía de su junta

La Junta Directiva del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico está dominada por donantes del Partido Nuevo Progresista (PNP), lo que suscita dudas sobre su autonomía, además de los cuestionamientos sobre si está legalmente constituida.La información -corroborada por este diario- surge tras más de un año de señalamientos de asociaciones profesionales, congresistas, así como de la propia Junta de Supervisión Fiscal (JSF), de que el gobierno debía desistir de querer tomar control de la entidad.Los cinco miembros, que han tomado decisiones sobre el futuro de la entidad, están registrados como donantes de candidatos a puestos electorales por el PNP con aportaciones que alcanzan los $13,000 en los últimos siete años, según datos de la Oficina del Contralor Electoral. Tres de ellos donaron $6,025 en conjunto a la campaña del gobernador Ricardo Rosselló.Bajo el ordenamiento jurídico, se considera que estas personas se han expresado políticamente como partidarios del PNP y el gobernador, pues los donativos son considerados expresiones políticas protegidas por la primera enmienda.Aunque la Asamblea Legislativa desistió del plan sometido por el gobernador para privatizar el Instituto y ubicarlo bajo el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Rosselló nombró -cuatro meses después- al secretario de esa dependencia, Manuel Laboy, a formar parte del cuerpo rector de la entidad. Igualmente, nombró al contador público autorizado Harry Santiago y al economista Nicolás Muñoz.Según los datos oficiales, Muñoz donó $2,600 a la campaña del gobernador y un total de $6,450 al PNP. Laboy aportó $2,925 al comité de Rosselló, mientras otorgó $3,828 al partido gobernante. Santiago donó $350 a senadores del PNP.Rosselló hizo estas tres designaciones, durante el receso legislativo, un mes después de que se filtró a la prensa que el tribunal concedió una orden de protección a la expareja del director ejecutivo del Instituto, Mario Marazzi. El anuncio ocurrió el mismo día en que el tribunal extendió la orden de protección hasta mayo de 2019. Posteriormente, nombró también a la planificadora y arquitecta Carola Ballester para llenar otra vacante.El órgano rector del Instituto decidió por unanimidad empezar un proceso administrativo para remover a Marazzi, tras poner en duda su integridad personal ante alegaciones de violencia de género realizadas por su expareja.Marazzi se ha mantenido en que se trata de un conflicto sobre relaciones paternofiliales. No obstante...

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