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Cuestionan leyes para expropiar

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Vincent

Puerto Rico tiene una de las peores leyes sobre expropiación en todo el territorio de Estados Unidos, según un estudio del Instituto de Justicia, una organización estadounidense sin fines de lucro.Según el organismo, que evaluó las leyes que permiten la expropiación forzosa en la isla, esto se debe a que se les confiere a los gobiernos municipales una libertad casi total para disponer de propiedades bajo el pretexto de fomentar el desarrollo fiscal mediante un concepto cada vez más flexible de lo que significa beneficio público.El Instituto de Justicia publicará hoy un informe en el que destaca que este poder a los alcaldes y sus legislaturas municipales no se concedió a través de la Ley de Expropiación Forzosa, sino a través de enmiendas a la Ley 81 de Municipios Autónomos.La organización le otorgó una calificación de "F" al marco legal de la isla relacionada principalmente con la capacidad que tienen los ayuntamientos para la expropiación forzosa y para declarar estorbos públicos, si se compara con otras jurisdicciones en Estados Unidos que, durante el presente siglo, han reformado sus leyes para limitar el uso del dominio eminente o expropiación forzosa."El problema principal con la legislación puertorriqueña es que se puede utilizar la expropiación forzosa, en esencia, para cualquier objetivo que los municipios quieran. No hay limitaciones de ‘uso público’", señala el informe, que fue adelantado a El Nuevo Día."En cambio, se otorga una deferencia total a las determinaciones legislativas sobre el propósito público de una expropiación… incluyendo (el desarrollo) de centros comerciales, restaurantes y urbanizaciones de lujo", agrega el documento.Desde hace 27 años, el Instituto de Justicia litiga a favor de las libertades civiles, y tiene como objetivo eliminar abusos contra comunidades y pequeños propietarios que pueden ocurrir durante una expropiación forzosa.El informe aclara que las reformas legislativas que han alcanzado 44 estados para limitar las expropiaciones han sido resultado de la presión pública, luego de la decisión del Tribunal Supremo federal que, en 2005, abrió la puerta a la expropiación de hogares con el interés público de incrementar las finanzas del Estado y los puestos de trabajo.Según el Instituto, las nuevas legislaciones también fueron aprobadas luego de observar que algunas iniciativas en Estados Unidos, dirigidas a revitalizar los cascos urbanos y eliminar sus condiciones deterioradas, devastaron a comunidades...

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