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Dan un paso a la inclusión

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Por José A. Delgado

Jdelgado@elnuevodia.com

García Padilla anunció ayer que el jueves firmó dos órdenes ejecutivas instruyendo que se garanticen servicios médicos en casos de emergencia y acceso al sistema público de enseñanza hasta nivel secundario a todo habitante de Puerto Rico sin importar su estatus migratorio. Además, como había anunciado antes, se propone impulsar legislación para que toda persona, independientemente de su estatus legal, pueda obtener una licencia de conducir.

La iniciativa gubernamental surge en momentos en que el Congreso estadounidense se encamina a considerar legislación que normalice la vida a cerca de 11 millones de indocumentados y pudiera ofrecerles un camino hacia la ciudadanía estadounidense. Solo seis estados -Illinois, Nuevo México, Washington, California, Utah y a partir de marzo Carolina del Norte- autorizan de alguna forma que indocumentados tengan licencia de conducir, que les sirve además de identificación.

En Puerto Rico no existen cifras oficiales ni estimados científicos recientes de inmigrantes ilegales o con estatus migratorio irregular. Mariana Binet, quien trabajó con la población extranjera en Puerto Rico por 13 años y dirigió la Oficina de Orientación y Servicios a Ciudadanos en el Departamento de Estado, calcula que en la Isla deben vivir de forma ilegal entre 100,000 y 125,000 personas de diversas nacionalidades.

"Es tiempo de extenderles la mano a los indocumentados. Es un buen paso del gobernador", dijo el congresista Luis Gutiérrez, boricua que lidera en la Cámara baja federal el debate sobre la reforma migratoria. Recordó que el mismo informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos que denunció en 2011 una crisis de derechos civiles en Puerto Rico y ordenó una reforma de la Policía advirtió sobre abusos y discrimen contra dominicanos.

"Esas iniciativas le indican a la población indocumentada que tiene unos derechos" frente al Gobierno, indicó el profesor Jorge Duany, experto en asuntos del Censo y director del Centro de Investigación Cubana de la Universidad Internacional de Florida.

Las medidas tomadas por García Padilla responden a una petición del Comité Dominicano Pro Derechos Humanos, según el presidente de ese grupo, José Rodríguez. Aunque no debería haber restricciones a la educación pública y a servicios de salud de emergencia, Rodríguez sostuvo que han recibido múltiples querellas de estudiantes a los que se les complica matricularse y que "se ha dejado morir" a...

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