Debate moral por el discrimen sexual

Por Rebecca Banuchi

rebecca.banuchi@gfrmedia.com

Una semana después de la petición, la mujer encontró su escritorio vacío, y su supervisora le indicó que la despedía por incumplir los reglamentos de la compañía, aunque días antes le habían dado un reconocimiento por su buen desempeño. Ella estaba convencida de que la habían separado de su puesto por ser lesbiana.

Ese fue uno de los testimonios que cobró vida ayer a través de Carlos Miguel Marín, coordinador del Community Network for Clinical Research on AIDS (Concra) en Puerto Rico, quien junto a otras 14 entidades compareció ante la Comisión senatorial de lo Jurídico, Seguridad y Veteranos para comentar sobre el proyecto de ley que prohibiría que se discrimine en el empleo, o en cualquier gestión pública o privada, contra una persona por su orientación sexual o su identidad de género.

"Me afectó (el despido) mucho porque llegué a dudar de mi profesionalismo. Me botaron porque no me querían por lo que yo hacía en mi intimidad", relató Marín al leer el testimonio de la mujer de 24 años.

Sus declaraciones son compatibles con los hallazgos de un estudio presentado por la Comisión de Derechos Civiles (CDC), que concluyó que, en Puerto Rico, el 47% de la comunidad lésbica, gay, bisexual, transexual y transgénero (LGBTT) percibe que "la Isla no es un lugar seguro para ellos", y la gran mayoría coincide en que "es peligroso dar a conocer la orientación sexual".

La investigación hecha por el sicólogo José Toro Alfonso, catedrático de la Universidad de Puerto Rico, se centra en los servicios que prestan algunas agencias públicas como la Policía y los departamentos de Justicia y el de la Familia. "El estudio demostró cuán intolerantes son las agencias de Gobierno con esta comunidad y el grave...

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