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Debaten qué papel jugará la Legislatura

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Vincent

Mientras va tomando forma la oposición al plan de ajuste de deudas, principalmente por la reducción en las pensiones al 40% de los jubilados del servicio público, no se tiene claro la injerencia que tendrá la Asamblea Legislativa durante la recta final del proceso de bancarrota que se litiga ante la jueza Laura Taylor Swain.Por un lado, se conoce que la Asamblea Legislativa tendría que avalar el intercambio de bonos que implicaría el ajuste de las deudas del gobierno puertorriqueño. Las dudas principalmente giraban ayer en torno a si la Legislatura también tendría que enmendar leyes para que la propuesta presentada el viernes por la Junta de Supervisión Fiscal sea final y firme una vez sobrepase en crisol judicial, donde también se tendría que sobrepasar la oposición de algunos de los acreedores del gobierno."Tienen que aprobar una ley orgánica del sistema de retiro y del pago de las pensiones", resaltó Rolando Emmanuelli, el abogado experto en quiebras y representante legal de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) en el proceso. El abogado, específicamente, citó la Sección 314 de la Ley Promesa, que establece que para que se confirme un plan de ajuste se tienen que enmendar todas las leyes que se necesiten para su implantación.La senadora Migdalia Padilla, quien preside la Comisión de Hacienda del Senado, coincidió en que cualquier cambio a las pensiones debe ser refrendado o rechazado por la legislatura."Todo eso está basado en leyes", dijo."Hay cosas que pueden requerir enmiendas a la ley y entrarían a la Legislatura. Hay otras que no", comentó, por su parte, el presidente del Comité Oficial de Retirados (COR), Miguel Fabre Ramírez, quien entiende que, si el plan de ajuste es impuesto por la jueza, tendría un peso equivalente a una sentencia judicial.El plan de ajuste de deudas reduciría las obligaciones a largo plazo del gobierno central de $38,000 a cerca de $12,500. Esto implicaría una merma en lo adeudado de un 66% y bajaría el pago anual del gobierno de 4,000 millones a $1,500.Esto, si embargo, está acompañado de una serie de ajustes en otras áreas como la deuda que el gobierno tiene con los pensionados, la cual se estima como no asegurada en el proceso de bancarrota. Esto último...

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