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Decisión judicial abre la puerta para revisar Promesa

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Vincent

WASHINGTON.- Para cumplir con una orden judicial que haga final y firme la inconstitucionalidad del proceso de nombramientos de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las decisiones financieras del gobierno de Puerto Rico, a corto plazo, el Congreso puede obviar revisar la ley Promesa.Pero, debido a que el análisis del Primer Circuito de Apelaciones declaró a los miembros de la JSF como funcionarios federales de alto nivel, varios sectores consideran que en algún momento tendrá que hacerlo."En el Congreso no van a tener prisa" por "corregir el defecto constitucional", pues Promesa provee también la alternativa de que el presidente de EE.UU. envíe al Senado los nombramientos de los miembros de la JSF, indicó el profesor Carlos Ramos González, de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana.La decisión del Primer Circuito, no obstante, tiene implicaciones sobre todo el funcionamiento de una junta, que fue creada por el Congreso como un ente territorial pero que el tribunal concluyó que está integrada por "funcionarios federales principales" que tienen que ser nombrados por el presidente y confirmados por el Senado.Ramos González sostuvo que determinar que los miembros de la JSF son funcionarios federales crea incertidumbre sobre su estructura. Un ejemplo práctico de las contradicciones es que, bajo Promesa, órdenes de desacato sobre solicitudes de la JSF se tramitan a través de las leyes de Puerto Rico, indicó.Pero, también prevé que, teniendo en cuenta que está pendiente otro caso ante la Corte Federal de Reclamaciones que ya había considerado a la Junta como un ente federal, EE.UU. puede enfrentarse a acreedores que reclamen que tiene responsabilidad con la deuda del gobierno de Puerto Rico.El Primer Circuito de Apelaciones Federales -con base en Boston- determinó el pasado 15 de febrero que los nombramientos hechos a la JSF, que no pasaron por el proceso de confirmación del Senado, son inconstitucionales.Un panel de jueces, encabezado por el juez puertorriqueño Juan Torruella, mantuvo que el poder plenario del Congreso sobre Puerto Rico, a base de la cláusula para territorios, no permite obviar la cláusula constitucional de nombramientos y que los miembros de la JSF son funcionarios del gobierno de EE.UU. con responsabilidades continuas y significativas.El panel ha dado un plazo de 90 días para confirmar a los miembros de la JSF, el mismo período que tienen las partes en el caso para recurrir al Tribunal Supremo de...

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