Defensa a ultranza de las acciones de AFI
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Por Eugenio Hopgood Dávila
Fortuño e inicialmente Cintrón incluso intentaron desligar a la AFI y al gobierno de la decisión de terminarle el contrato a la empresa JJyG Construction Inc. en octubre del año pasado alegando que fue la compañía fiadora del proyecto y no la AFI quien tomó la acción.
"La información que da esta persona es totalmente incorrecta. Quien único cancela contratos es la compañía fiadora, porque no está cumpliendo con su deber y los nenes van a llegar a la escuela y no va a estar terminada", dijo el gobernador a preguntas de los periodistas durante una rueda de prensa ayer.
Igualmente, en entrevista telefónica, Cintrón dijo que "la casa fiadora fue la que canceló eso porque le dieron oportunidades y no cumplió. Es un tercero independiente y eso me reafirma que no hubo alternativa", dijo Cintrón.
No obstante, Basora contradijo al gobernador y a Cintrón al dejar claro que es la AFI la que toma la decisión de eliminar a JJyG Construction del contrato al declararlo en incumplimiento. "Una vez se hace la declaración de incumplimiento ya ese contratista queda fuera del proyecto", sentenció Basora.
Confrontado con la explicación de Basora, que se desprende también del expediente judicial del caso, Cintrón matizó diciendo que "el fiador estuvo de acuerdo. Para el fiador haber aceptado el cambio de contratista tiene que aceptar que el incumplimiento es real".
Asimismo Basora sostuvo que "no es fácil que una fiadora asuma el proceso de incumplimiento; la tendencia es que se alinean con su cliente excepto cuando es meritorio".
No fue posible conseguir una reacción de la compañía, la United Surety yIndemnity Corporation (USIC), ayer sobre la controversia.
Mientras, el ingeniero Julio Camacho Torres, presidente de JJyG Construction, se mantuvo en su posición de no hacer comentarios sobre el tema.
La empresa del ingeniero Camacho radicó una demanda de interdicto preliminar y permanente el 16 de marzo pasado alegando que fue despojado arbitrariamente del contrato Alianza Público-Privada (APP) de $ 5.6 millones que tenía para el diseño y obras de modernización de la escuela vocacional Santiago Rivera García de Yauco.
Camacho alegó en la demanda que el proyecto se atrasó porque la AFI se tardó más de dos meses en aprobarle los planos parciales que por contrato debió evaluar en veinte días, y le exigió cambios que no estaban dentro de los parámetros de diseño acordados.
La carta para notificarle...
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