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Defensa de la voluntad del pueblo

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Vincent

HERNÁN PADILLA

MÉDICO

Nadie puede negar que el pueblo se expresó libre y democráticamente en la consulta de estatus cuando 970,910 votantes (53.97%) expresó no querer continuar con el estatus territorial actual, mientras que 828,077 votantes (46.03%) lo favorecieron.

Puerto Rico revocó el consentimiento de los gobernados para continuar bajo el estatus actual.

Tampoco pueden negar que entre las tres opciones presentadas conforme a las definiciones aceptadas en el "Informe del Grupo de Trabajo del Presidente sobre el Estatus de Puerto Rico", la opción de la estadidad fue preferida por 834,191 votos (61.16%), la opción del Estado Libre Asociado soberano obtuvo 454,768 votos (33.34%) y la opción de la independencia obtuvo 74,895 votos (5.49%).

Ambas cifras contrastan con el respaldo minoritario de un 47.7 % que obtuvo el gobernador electo. Contrario a lo que alegan los administradores de la colonia, esos resultados no les permiten usar fondos públicos para imponer su agenda respecto al status de Puerto Rico, violar los principios democráticos y negar la voluntad del pueblo.

El gobernador Alejandro García Padilla, en función oficial, envió una carta usando fondos y recursos públicos a todos los congresistas de la Cámara de Representantes federal negando los resultados oficiales certificados por la Comisión Estatal de Elecciones; y a través de la Administración de Asuntos Federales (PRAFA) autorizó la erogación de $546,000 de fondos públicos para contratar cabilderos para rechazar la voluntad del pueblo en la consulta del estatus. El director de PRAFA, Juan Eugenio Hernández Mayoral, admitió públicamente que esos fondos son utilizados para promover la política de García Padilla que rechaza los resultados del plebiscito.

El derecho al voto es un derecho fundamental del pueblo y es nuestra obligación hacerlo respetar. El uso de fondos públicos por parte del gobierno para impedir la implantación de los resultados de la consulta de estatus no cumple con lo expresado en las urnas. Ese uso de fondos públicos viola la política pública del presidente y es contrario a las normas del derecho internacional sobre "libre determinación".

Obstruir el proceso de autodeterminación de Puerto Rico contraviene...

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