Defensores de los retirados
Representan a 160,000 servidores públicos retirados, cuyas pensiones están en jaque como parte del caso federal con el cual bonistas y otros acreedores intentan cobrar una suma multimillonaria a las quebradas arcas del gobierno de Puerto Rico.
Desde que fueron seleccionados para integrar el Comité Oficial de Retirados (COR), un grupo de nueve jubilados aboga ante la jueza Laura Taylor Swain para que no se baje ni un solo centavo a las pensiones que reciben los retirados del gobierno y que, en caso de que sea necesario hacer ajustes, que sean menores. El grupo tiene acceso a todos las solicitudes y documentos que se presentan en el caso federal y puede intervenir para defender su postura.
El grupo elevó sus reclamos desde antes de participar oficialmente en el caso federal, cuando 17 organizaciones crearon el Movimiento Pro Pensionados.
“Una de las cosas que empezamos a pedir fue que se activara el Título III porque la ley Promesa comienza con el Título VI y con ese nadie tenía voz en Puerto Rico, solo el gobierno y los acreedores. Comenzamos una batalla para que se nos reconociera como el Comité Oficial de Retirados (COR) ante la jueza del caso, pero extrañamente surge la figura del síndico federal, que se opone y decide que el comité lo va a hacer él”, explica José Marín Martínez, presidente del grupo.
El síndico hizo una convocatoria a la que respondieron 70 personas, de las que seleccionó nueve. Aunque en la isla hay cinco sistemas de retiro, solo tres están en el proceso de quiebra: el de maestros, de la Judicatura y del gobierno central. Así se constituyó uno de los dos comités autorizados a participar del proceso judicial, que, sin embargo, es portavoz de todos los jubilados del país. El otro comité oficial es el de acreedores no asegurados.
Estrategia de defensa
A partir del 17 de junio del año pasado, el grupo actúa de manera independiente y ha contratado publicistas, actuarios y abogados, entre otros asesores, con fondos que eventualmente desembolsará el tribunal federal. Para los asuntos legales, contrataron al bufete de abogados local Bennazar, García y Milián, y de Estados Unidos, la firma Jenner & Block, en la que labora uno de los abogados que representó a los pensionados en el caso de la quiebra de Detroit, señala Marín, también presidente del Sindicato de Policías Puertorriqueños.
“La función nuestra es llevarle a la juez el cuadro real de los pensionados. Al contratar a los distintos grupos, estamos montando el cuadro del...
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