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Defienden legalidad del contrato

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Vincent

El gobierno, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y Genera PR sometieron a la jueza federal Laura Taylor Swain una moción conjunta en oposición a la demanda de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) que procura la anulación del contrato que cede a la empresa las funciones de generación eléctrica desde el 1 de julio.En síntesis, los codemandados argumentaron, en el recurso sometido el martes, que la Utier carece de legitimación activa para presentar un pleito que cuestiona asuntos generales de política pública y que, incluso si la jueza optara por entrar en los méritos de la demanda, encontraría que el contrato de Genera PR cumple con las disposiciones legales que buscan prevenir la creación de un monopolio en el sector de generación energética.A lo largo de sus 41 páginas, la moción de oposición trazó un paralelo entre los planteamientos de la Utier contra Genera PR y los que esbozaron hace dos años, cuando el sindicato impugnó la entrada de LUMA Energy como operador de transmisión y distribución."Los alegatos de la Utier son igualmente deficientes aquí: no se alegan daños reales o particularizados que sufriría, sino un desacuerdo de política con la transformación de la AEE (Autoridad de Energía Eléctrica)", indicó la moción conjunta de los abogados de la JSF, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, la AEE y Genera PR.Como consecuencia, sostienen los codemandados, la Utier cuenta con escasas posibilidades de salir airosa en su reclamo, por lo que Swain debería denegar el "injunction" que impediría a Genera PR tomar control de la flota generatriz.La Utier, en la demanda que presentó el viernes de pasado, defendió su "standing" al estimar que, de sus aproximadamente 800 miembros que laboran en las plantas de generación, solo 200 quedarían tras concretarse el traspaso de funciones y que los empleados que pasen a Genera PR perderían los derechos negociados bajo el convenio colectivo vigente. Por otro lado, la Utier señaló que el contrato de operación violenta la política pública al ceder a un privado el "control" de más del 50% de los activos de generación, así como constituir una transacción "leonina", que refleja un desbalance entre las obligaciones y derechos del...

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