Denuncian disparidad en jubilaciones de la Rama Judicial
Comparten la misma sala judicial. Un cuerpo togado se sienta al estrado; otro, se mantiene de pie en chaqueta y corbata con arma incluida al lateral, y un tercero, ante el teclado, escribe sin parar. A pesar de la cercanía del espacio en esas frías salas con bancas de madera y luz blanca de los centros judiciales, a pesar de la rutina que se comparte a diario, un mundo de posibilidades separa al juez del alguacil y la secretaria.
Mientras los togados cabildean para que no reduzcan sus pensiones, que se calculan en una media de decenas de miles de dólares mensuales, los alguaciles, secretarios y demás personal de la Rama Judicial solicitan a la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, que al menos analice la posibilidad de ofrecerles un programa de prerretiro, incluso con el salario disminuido en un 40%, que les permitiría marcharse de sus puestos de trabajo.
“Cómo ella va a pedir a la Legislatura que no toquen a los jueces, sin embargo, (a) nosotros que somos parte de la familia de la Rama Judicial, no nos toman en cuenta. Es una falta de respeto contra los empleados de la Rama Judicial. Si vamos a abogar y ser justos, vamos a ser justos con todos. Los alguaciles y secretarios nos sentimos defraudados, desilusionados”, dijo la voz al otro lado del teléfono.
Pidió mantener su identidad privada. “La Rama Judicial persigue, persigue de verdad. Me van a juzgar. Persigue a los empleados cuando se hablan las verdades”, precisó.
Lleva casi 29 años trabajando en los tribunales del País y durante más de una década, asegura, ha chocado con el silencio que han mantenido sus máximos superiores -los presidentes del Tribunal Supremo- cuando de sus beneficios se trata.
La barrera que separa a los jueces de los demás empleados judiciales estaba ahí con la Ley 70 del 2010 para el programa de incentivos, retiro y readiestramiento y también con la Ley 302 del 2000 para enmendar el sistema de retiro, con esas “leyes que el gobierno ha implementado para que los empleados del gobierno se acojan”, pero de las que se ha dejado fuera a los trabajadores de la Rama Judicial.
“(La Oficina de Administración de los) Tribunales, por beneficio de ellos (de los jueces), no ha querido permitirnos acogernos a nosotros los empleados”, reclamó.
Ahora, con la Ley 211, también conocida como Ley para el Programa de Prerretiro Voluntario, la brecha persiste. Cerca de 300 alguaciles, secretarias y otros empleados de los tribunales han manifestado su interés en acogerse...
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