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El estado de derecho

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EFRÉN RIVERA RAMOS

CATEDRÁTICO DE DERECHO

La noción del estado de derecho expresa la aspiración de que toda comunidad política sea regida por la ley y no por el capricho de sus gobernantes. La diversidad de endosos a ese propósito se hace posible por la igualmente variada gama de interpretaciones del concepto. Por ejemplo, unos lo asocian con la "ley y el orden". Otros, con el respeto profundo a los derechos humanos.

Las justificaciones sobre su necesidad también varían. Para algunos se trata de un instrumento indispensable para asegurar la estabilidad social y política o para propiciar la inversión y el desarrollo. Otros lo fundamentan en principios ético-morales relacionados con la dignidad humana y la autonomía de las personas. En ocasiones se combinan los argumentos instrumentales con los de principio.

La visión formal del estado de derecho recaba meramente la existencia de leyes públicas, generales, prospectivas y promulgadas por una autoridad competente. La deficiencia de esta concepción reside en que cualquier estado, aun el más autoritario, podría cumplir con esos criterios. De ahí que la opinión más entendida y, la más extendida, en el mundo contemporáneo proponga que la vigencia del estado de derecho requiere elementos de mayor sustancia.

No basta, pues, que haya ley. Hay que preguntarse qué ley. La respuesta más acertada es que ha de ser una ley producida democráticamente, es decir con la mayor participación posible de aquellos a quienes habrá de aplicarse. Debe tratarse, además, de normas que resulten de la deliberación pública, mientras más amplia mejor.

No sólo se debe inquirir sobre el quién y el cómo, sino también sobre el qué de la ley, es decir, sobre su contenido. En los sistemas constitucionales modernos ello significa, como mínimo, que la ley debe ajustarse a las normas, principios y valores incorporados en la Constitución. Pero el discurso ético-político contemporáneo, recogido en numerosas declaraciones y convenios regionales e internacionales, demanda todavía más. Exige que la ley se atenga al respeto debido a los derechos humanos, más allá de consideraciones de raza, género, origen...

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