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Derecho a la vida vs. derechos constitucionales

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ENRIQUE CRUZ

ANALISTA POLÍTICO

El miedo, la impunidad y, sobre todo, la falta de seguridad no solamente en nuestras calles, sino también en nuestros hogares, nos tienen en estado de sitio. No existe seguridad en ningún lugar de nuestra ya atormentada isla del encanto. Las preguntas que nos hacemos todos los días son: ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos revertir este patrón de inseguridad que vivimos? ¿Dónde están las propuestas?

Estando a 287 días de las elecciones y quedando sólo una sesión legislativa por concluir este cuatrienio, podríamos soñar o ilusionarnos con que la agenda legislativa tanto de los progresistas como de los populares esté cargada de ideas y proyectos que propicien que los buenos puedan estar seguros y que los malos estén guardaditos en las cárceles. Como dato curioso, hoy en día hay 2,007 camas vacías en las cárceles de Puerto Rico.

Sin embargo, el único proyecto que está dando vueltas por ahí es del representante José Aponte, el P. de la C. 3747 que busca limitar el derecho a la fianza a aquellos a quienes se les encuentre un arma de fuego con el número de serie mutilado, delito grave o que les encuentren .50 de kilo de cocaína o un kilo de marihuana. Lo interesante de estos delitos es que hoy, el pueblo de Puerto Rico les paga la fianza a estos delincuentes.

En la corte federal, a la que la mayoría de los puertorriqueños mira como una donde los malos van 'pa' dentro', sí hay derecho a la fianza, pero no es un derecho constitucional. Ni mucho menos el gobierno federal ayuda a los acusados a salir a la calle.

Debemos tener algo bien claro, y es que una sola medida o varita mágica no va a resolver el ambiente de inseguridad que vivimos, pero sí una serie de medidas que limiten ciertos derechos constitucionales que hoy en día los criminales disfrutan al máximo versus nosotros que vivimos encerrados y aterrados.

Los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 dejaron un pánico continuo en la nación norteamericana y demostró la vulnerabilidad de la misma en las agencias de seguridad nacional. ¿Qué hizo el Congreso de los Estados Unidos ante esa amenaza? Legisló el Patriot Act el 26 de octubre del 2001...

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