A la deriva los niños de educación especial

Por Alba Y. Muñiz Gracia

alba.muniz@gfrmedia.com

Ha pagado por las terapias que debería proveerle el Estado y ha viajado a diario de Morovis a Guaynabo para llevarlo a una escuela con las instalaciones que necesita debido a su condición de autismo.

Ayer, mientras González narraba los obstáculos a los que se ha enfrentado, su hijo, Eduardo Fernández, de seis años, fue precisamente quien intentó consolarla.

"No llores; tú no estás llorando, ¿verdad?", dijo el nene tan pronto su mamá hizo una pausa.

"Mi niño está aquí por mi esposo y por mí. El Departamento de Educación no hace el trabajo, lo hacemos nosotros. Esto es una pesadilla", dijo la joven madre, quien pareció resumir así el sentir de los miembros del Comité Timón de Madres y Padres de Niñ@s con Impedimentos, que celebraron una conferencia de prensa en el Colegio de Abogados para denunciar las situaciones que atraviesan.

Escuelas sin el personal necesario, falta de equipo y materiales, hacinamiento de estudiantes con múltiples condiciones, escasez de material de higiene y limpieza, la dificultad para conseguir los programas educativos individualizados y la falta de pago a profesionales privados contratados por los padres son algunos de los problemas recurrentes que enfrentan los padres de niños de educación especial.

La contratación de profesionales privados es uno de los remedios provisionales establecido por el tribunal en el pleito de clase que, según la portavoz del Comité Timón, Carmen Warren, se está viendo seriamente afectado porque el Gobierno no está pagando por los servicios prestados.

"Se gastan millones de dólares en modernizar 100 escuelas, que son de las que se encontraban en mejores condiciones, y más de 1,400 escuelas siguen en un abandono total, en infraestructura que limita el acceso de los miembros de la comundiad escolar con necesidades especiales", agregó Warren, quien también cuestionó el pago de cerca de $ 16 millones al bufete que representa al DE en el pleito de clase Rosa Lydia Vélez.

Este pleito fue incoado en el 1980 por Vélez y otras siete familias que demandaron al DE para exigir que cumpliera con los derechos educativos de los niños con discapacidades. Más de 30 años después, el pleito continúa activo y agrupa a unas 200,000 personas. Por no cumplir con las estipulaciones del pleito, el DE enfrenta multas de $ 2,000 diarios que, según...

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