Desastroso el retiro temprano
Por Joanisabel González
joanisabel.gonzalez@elnuevodia.com
Según varios informes de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR), la estrategia de retiro temprano no necesariamente significó ahorros para el Gobierno central, mientras la ASR incurrió en fallas para administrar tales programas.
De acuerdo con el subcontralor, Natanael Arroyo Cruz, los sistemas de retiro gubernamentales parecen tener como denominador común un pobre ejercicio de fiducia, tanto de los administradores de los planes como de los integrantes de sus juntas de directores.
"Se debe a la mala administración, decisiones incorrectas, falta de supervisión por parte de la Junta, incumplimiento de las entidades gubernamentales con el envío de las aportaciones individuales y condonación de deudas", dijo Arroyo Cruz a El Nuevo Día.
En los pasados cuatro años, la OCPR ha publicado unos 13 informes acerca de la ASR. Según la OCPR, del total de hallazgos que superan la docena, la mayoría continúa en vías de corregirse.
El Nuevo Día le solicitó una entrevista al titular de la ASR, Héctor Mayol, pero no estuvo disponible, limitándose a indicar en declaraciones escritas que "nuestra administración respeta y atiende de forma responsable e inmediata los hallazgos de todos los informes de auditoría publicados por la (OCPR), sean de pasadas administraciones o recientes".
Aparte de las deficiencias en los planes de retiro temprano, a través de los años, la ASR también incurrió en otras deficiencias por no tener políticas claras acerca del funcionamiento de su Junta de Directores, por permitir la participación de ciudadanos privados en decisiones sensitivas de inversiones de la ASR, y por no utilizar las guías de inversiones. Estas establecen cómo y en qué deben invertirse los ahorros de los empleados y las aportaciones del patrono en aras de asegurar el pago futuro de las pensiones.
La OCPR continúa mirando las operaciones de la ASR y la emisión de obligaciones de pensiones (Pension Obligation Bonds, POBs, por sus siglas en inglés) gestionada en el 2008, se indicó.
De acuerdo con la OCPR, entre 1994 y 2010, el Gobierno aprobó 22 leyes y una resolución municipal para promover 23 planes de retiro temprano.
Datos provistos por la ASR indican que al menos 6,990 empleados públicos se acogieron a tales programas. Los archivos de El Nuevo Día apuntan a que otros 4,000 se acogieron a la ventana de retiro más reciente, que se aprobó en el 2010 y se identificó como la Ley 70.
En su momento...
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