DESPUÉS DEL 30 DE JUNIO
SERGIO M. MARXUACH
DIRECTOR DE POLÍTICA PÚBLICA, CENTRO PARA UNA NUEVA ECONOMÍa
Mas allá de los detalles, las virtudes y los defectos de las propuestas para atender la crisis fiscal, creo que todo este proceso que hemos vivido durante los últimos meses apunta a la existencia de varios asuntos de importancia que tenemos que atender con urgencia.
Primero, ha quedado claro que, usando el término de Karl Popper, Puerto Rico no es una sociedad abierta. En una sociedad abierta los ciudadanos tienen los recursos, la capacidad, y la autonomía necesaria para participar eficazmente en el proceso político; para retar las estructuras existentes de poder económico, político, y cultural; y para reducir las desigualdades sociales que producen esas estructuras.
El proceso de confeccionar este presupuesto, especialmente las medidas impositivas, ha sido uno poco transparente y con pocas instancias para la participación cívica eficaz. Recientemente hemos visto a representantes tanto del sector privado como del sector laboral querellarse sobre la falta de acceso efectivo al proceso político. Y es que en el siglo 21 los reclamos de participación ciudadana no se satisfacen con una invitación a leer una ponencia de diez minutos en un salón de vistas públicas vacío.
Ya no somos un pueblo de jibaritos analfabetas que se conforma con ir a votar como corderitos cada cuatro años a hacer una sola cruz debajo de alguna insignia. En el 2013 un puñado de políticos, actuando como hacendados enguayaberados, no puede pretender gobernar el país como si fuera su finca privada. Es necesario fortalecer la cultura cívica de Puerto Rico y forjar nuevos canales para la participación ciudadana efectiva.
En segundo lugar, Puerto Rico necesita hacer una reforma fiscal integral, incluyendo los ingresos y los gastos gubernamentales, antes de que termine este cuatrienio.
En términos generales, la literatura económica establece que un sistema impositivo debe ser (1) adecuado para financiar la gestión pública; (2) simple en su administración, fiscalización, y cumplimiento; (3) eficiente, en términos de minimizar las distorsiones que puedan inducir los impuestos en el comportamiento de las personas; (4) neutral con respecto a los precios establecidos por el mercado; y (5) equitativo.
El Código de Rentas Internas de Puerto Rico, un amalgama bizantino de créditos, deducciones, exenciones, exclusiones, y tasas preferenciales, no cumple con ninguno de esos principios. Es más bien como un...
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