Detrimental informe sobre el DE
Por Aurora Rivera Arguinzoni
arivera@elnuevodia.com
El informe, radicado el 29 de abril de 2011 y del cual El Nuevo Día obtuvo copia a través de los padres del pleito de clase Rosa Lydia Vélez y otros v. Educación, corresponde al año fiscal 2009-2010. En este se señala, además, que Educación es incapaz de generar información suficiente y fidedigna sobre la operación del programa.
"La auténtica columna vertebral de este proceso (de monitoría) son los niños de educación especial, que parece estarán condenados a continuar recibiendo servicios mediocres y defectuosos de una agencia que debe saber muy claramente el tipo de servicio que tiene que ofrecer, ya sea por moral, por mandato legal o porque es su obligación irrefutable como entidad del Estado", recalcó la monitora Priscila Negrón Morales el 5 de agosto en un memorial explicativo.
Esta información surge en vísperas de que dos delegaciones del Departamento de Educación de Estados Unidos (USDE) visiten la Isla. La primera visita, que se dará del 2 al 7 de octubre, se concentrará exclusivamente en monitorear el cumplimiento con la Ley para la Educación a Individuos con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés). El 17 y 18 de octubre el secretario de Educación de Estados Unidos, Arne Duncan, encabezará otra delegación que realizará audiencias sobre la educación en Puerto Rico en general.
La monitora estatal fue nombrada por el Tribunal en el 2002 como parte del pleito Rosa Lydia Vélez para velar por el cumplimiento de las estipulaciones acordadas ese año entre las partes. El avance ha sido tan poco que el año pasado el Tribunal ordenó un Nuevo Modelo de Monitoría que requirió contratar a 12 peritos, seis recomendados por los demandantes y seis del Gobierno, que desde julio ayudan a la monitora a depurar la información sobre las áreas de cumplimiento con respecto a las estipulaciones.
El informe de abril, que cubre los años 2009-2010, refleja que de las 87 estipulaciones del 2002, 60 aún requieren corroboración y, de estas, 39 mostraban un nivel de cumplimiento bajo lo aceptable. Entre los señalamientos figuran: 15,752 expedientes sin monitorear; 8,750 programas educativos individualizados (PEI) sin revisar; 5,147 estudiantes elegibles que no reciben servicios; 7,988 sin ubicar, y 9,628 que necesitaban servicios de asistencia tecnológica, aunque su expediente no lo reflejaba.
El 14 de noviembre de 1980 ocho personas demandaron a la agencia en reclamo de los servicios de educación...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba