Díaz Martínez V. Policía, 1993, 134 D.P.R. 144
| Autor | Dra. Ruth E. Ortega Vélez |
| Páginas | 281-283 |
Page 281
El empleado público, los derechos civiles y el debido proceso de ley. Hechos: Como resultado de un incidente ocurrido en un Cuartelillo de la Policía, el Ministerio Público presentó cargos contra el policía Miguel Díaz Martínez por los delitos de robo, amenaza, restricción de libertad y por infracción al Art. 8 de la Ley de Armas. Simultáneamente, la Policía inició una investigación administrativa de los hechos. A Díaz Martínez se le informó por qué se le estaba investigando y que la investigación podría dar lugar a la formulación de cargos. Díaz Martínez fue acompañado por un abogado de la Asociación de Miembros de la Policía y rehusó hacer una declaración jurada sobre el incidente. La investigación reflejó que el día de los hechos imputados, Díaz Martínez amenazó con matar a una señora, le quitó una escopeta y un revólver a otro policía y lo tomó como rehén; encañonó a un sargento y a un coronel de la policía que acudieron al lugar.
El Tribunal Superior determinó causa probable en todos los delitos imputados. El Superintendente resolvió que Díaz Martínez incurrió en faltas graves proscritas por el Reglamento de Personal de la Policía; mediante comunicación escrita formuló cargos. Simultáneamente, lo suspendió sumariamente de empleo y sueldo. En su carta, el Superintendente le apercibió que se proponía expulsarle del Cuerpo y le informó de su derecho a solicitar una vista informal ante un oficial examinador.
Page 282
Se celebró la vista informal. El Superintendente concluyó que se habían probado las violaciones imputadas a Díaz Martínez y ordenó su expulsión de la Policía, retroactiva a la fecha en que fue notificado de la suspensión sumaria de empleo y sueldo. Díaz Martínez presentó ante el Tribunal Superior una acción de mandamus en la cual alegó que fue suspendido sumariamente de empleo y sueldo sin que se le concediera previamente una vista informal. Sostuvo que había sido privado de su interés propietario sin el debido proceso de ley.
Como el Superintendente no contestó la última orden, el tribunal a quo infirió “de su repetido silencio un reconocimiento de que la vista investigativa que se celebró no cumple con los requisitos aplicables”. Expidió el mandamus y ordenó al Superintendente que pagara a Díaz Martínez los salarios y beneficios que dejó de percibir desde la fecha en que fue suspendido hasta el día en que finalmente el Superintendente ordenó su destitución de la Policía. El Procurador General recurre ante el...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba