Le dieron largas a las señales de fraude
Por Gloria Ruiz Kuilan
gruiz@elnuevodia.com
Los señalamientos constan en diversas comunicaciones oficiales federales, encabezadas por una auditoría de la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Educación en Washington, y en subsiguientes misivas a los secretarios de turno. Esta auditoría fue a la región educativa de Bayamón, a la que posteriormente le condicionaron los fondos federales por su incumplimiento.
A la luz de lo anterior, en el 2007, las autoridades federales pidieron al DE que revisara los controles fiscales en todas sus regiones luego de alertar que estos suponían un "alto riesgo" para la comisión de errores, irregularidades e ilegalidades.
El martes, el Negociado Federal de Investigaciones y la OIG revelaron que investigan un alegado esquema de fraude por parte de transportistas que supuestamente inflaban sus tarifas por el acarreo de estudiantes. Se cree que contaron con la colaboración de empleados del DE, según dijo antier el secretario de Justicia, Luis Sánchez Betances.
La auditoría a la región de Bayamón -del 14 de diciembre de 2004- indica que los padres de educación especial alertaron a las autoridades federales porque no se le proveían a sus hijos varios servicios, entre ellos, el de transporte.
"El DE pagó por servicios de transportación la cantidad estipulada en sus respectivos contratos sin saber si los estudiantes recibieron el servicio", señala la auditoría. La cifra ascendió a $5,935,988. "El DE no estableció controles adecuados para revisar las listas de asistencia de los estudiantes de educación especial y así hacer los pagos apropiados con ajustes que reflejaran la ausencia de los estudiantes", añade la auditoría.
Estos señalamientos ocurrieron al final de la incumbencia del exsecretario, César Rey, quien ayer dijo que el asunto fue señalado en una auditoría privada previa que él había ordenado. Sin embargo, reconoció que no pudo establecer un proceso de reestructuración. "Quería combatir lo desproporcionadas que eran las tarifas, la falta de controles y supervisión", dijo Rey.
Según trascendió, el DE paga en promedio $75 por viaje por estudiante.
Ayer el DE no contestó una petición de entrevista de este diario.
Mientras Rafael Aragunde fue secretario (2005-2008) el Departamento de Educación federal también le señaló la "falta de controles" con los contratos de transportistas. En una carta del 20 de mayo del 2005 se acordó con Educación federal crear una unidad que atendiera ese problema...
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