Dignidad

JESSENIA RIVERA

TRABAJADORA SOCIAL

La violencia institucional que emana de los principales actores políticos del país y de comunidades religiosas, debe ser frenada y desautorizada de inmediato por algún ente externo que alerte a la sociedad puertorriqueña de lo errado y desafortunado de su trato hacia las diferencias.

El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos que data del 1966, establece en su artículo 20 que "toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia será prohibida por ley".

Al amparo de este artículo, Puerto Rico debe dirigir sus acciones hacia la exigencia de políticas sociales que no atenten contra la dignidad de una persona por motivos de su orientación sexual.

En nuestro país, el discurso de rechazo, las actitudes de discrimen y odio hacia la comunidad LGBT, son generalmente promovidas por sectores de la comunidad religiosa, quienes se han adjudicado la autoridad de sentar las bases de cómo...

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