Doral Financial y Blue Beetle buscan su parte
Contratistas, bonistas, pensionados y suplidores del gobierno han reclamado unos $900 millones ante la jueza Laura Taylor Swain con la expectativa de recuperar algo de los millones de dólares que aseguran que les adeudan el gobierno y sus dependencias acogidas al Título III de Promesa.
Aunque podría haber solicitudes enmendadas, la cifra -que corresponde a 570 solicitudes de cobro ya radicadas- es apenas una pizca de lo que se anticipa que será una avalancha de reclamaciones asociadas con la bancarrota de la isla, que debe comenzar a tomar forma a partir de esta semana con el inicio de la presentación formal de reclamaciones para la quiebra municipal más grande de Estados Unidos y que se extenderá hasta el 29 de mayo.
Según el registro de reclamaciones compilado por PrimeClerk, la firma de administración del caso que contrató la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) con el aval de la corte, la mayor parte del total monetario reclamado pesa sobre el gobierno central y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), con $569.2 millones y $236.5 millones, respectivamente. En ambos casos, prácticamente la mitad de esas reclamaciones son de empresas privadas que, en su momento, se disputaron con el gobierno y ahora parecen regresar del pasado.
Aboga por más reintegros
Por un lado, Doral Financial Corp. (DFC) -que según informes de reguladores federales llegó a la insolvencia en el 2015 tras casi una década de malas prácticas y pobre gestión- dice tener derecho a $296.5 millones en reintegros. Estos reintegros están asociados a tres acuerdos contributivos finales suscritos en los años 2006, 2007 y 2009, distintos al acuerdo final de 2012 que el Tribunal de Apelaciones declaró nulo y que el Tribunal Supremo declinó dirimir.
El reclamo que ahora encabeza la lista de acreedores en los casos de Título III emana de una estipulación que el exsecretario de Hacienda Juan Zaragoza y el comité de acreedores no asegurados en la quiebra de Doral firmó en marzo de 2016 como parte del proceso de bancarrota de la institución.
Doral es parte del comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés) y tiene como asesor al antiguo abogado general de Doral, Enrique Ubarri, ahora ejecutivo de Zolfo Cooper.
Fraude en la AEE
Por su parte, Blue Beetle III, LLC, asegura que la AEE le debe $110 millones por haber actuado de “mala fe” y “fraudulentamente” al cancelar un acuerdo de compra de energía que, según el reclamo de la entidad privada, habría abaratado el costo de la...
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