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El drama humano detrás de la bancarrota

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Vincent

El reclamo de un confinado que busca ser compensado porque entiende que el estado le encarceló injustamente. La solicitud de dos empleadas públicas que, por décadas, esperaron un aumento salarial que nunca llegó. El pedido de un ciudadano que no había podido recobrar la modesta cifra de $800 más intereses y que invirtió en notas de ahorro del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y hasta el reclamo de una mujer que dice ha pagado pensión alimentaria, pero lleva años sin conocer el paradero de su hijo.Esos fueron algunos de los asuntos que la jueza Laura Taylor Swain tuvo que atender este miércoles durante la audiencia general de febrero de los Casos de Título III de Puerto Rico.En una vista, que nuevamente se llevó a cabo por la vía digital y telefónica, y que continúa hoy, Swain rechazó las peticiones de reclamantes como Nydia Febo Vázquez, empleada de la Compañía de Fomento Industrial (Pridco, en inglés), y del confinado Obe E. Johnson porque aunque estos entablaban procesos judiciales contra el estado en otros foros, radicaron sus cobranzas bajo el Título III fuera del plazo establecido.En otros casos, como el de Héctor Villalongo Ortiz, Swain desautorizó la reclamación del hombre porque este no presentó evidencia adicional que justificara su reclamo vinculado a un accidente en el lugar de trabajo. En ese caso y otros parecidos, Swain aclaró que su fallo no privaba al reclamante de una compensación futura -si fuera el caso- pues estos también podían figurar en la lista maestra de demandantes en diversos litigios contra el estado.En otras instancias, como el caso de Sonia López Báez, quien mantiene un proceso judicial para que la pensión alimentaria de su vástago se cubra del retiro que recibe su ex marido, la jueza Swain reclasificó la reclamación por haberse presentado contra la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR). Lo apropiado, explicó la jueza, era que las reclamaciones relacionadas con pensiones, ahora cubiertas por el Fondo General, se radicaran en contra del gobierno central.Incluso, en el caso de María Vianey Rosario Cuevas, Swain admitió la reclamación, luego de que el personal que le asiste constatara -y a su vez, confirmara por voz de la mujer, quien acudió a la vista- que la reclamación se presentaba correctamente contra la Autoridad de Edificios Públicos (AEP). En ese caso, fue el agente de reclamaciones Prime Clerk, el que erró al identificar la reclamación contra el gobierno central y no contra la AEP.Algo...

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