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Un dulce olor a chanchullo

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Vincent

Benjamín Torres Gotay

benjamin.torres@gfrmedia

"¿Quién pensaba lo contrario?" "The mother of all toallazos". "La impunidad gobierna este país". "¿Y si fuera rojo?" Expresiones fatalistas así, de cansancio o, peor aún, de resignación inundaron las redes sociales al saberse del trato que recibió el senador Iglesias.

Si no fuera porque en otra época un jefe de los fiscales fue desaforado porque cometió cuanta bajeza se puede imaginar para proteger a los policías que asesinaron a dos muchachos independentistas en el cerro Maravilla, podría decirse que el Departamento de Justicia vive hoy en día la peor crisis de su historia. No, no es la peor crisis de su historia. Seamos justos. Pero está muy cerca. Demasiado cerca.

La credibilidad del Departamento de Justicia entre la población es, en este momento, nula. Más que nula, está en negativo. Investigaciones tan malas que hasta la Policía, el Instituto de Ciencias Forenses y los tribunales, las otras tres patas del sistema de justicia criminal, han tenido que decírselo, directa e indirectamente, con palabras bonitas a veces y otras no tanto, en la misma cara. Persecución de opositores políticos. Protección a costa de todo a los del partido azul.

Todo eso hace que la gente que pasa frente a la sede de la agencia en Miramar tenga que taparse la nariz por el tufo a chanchullo y a incompetencia que emana de allí todos los días y horas. No son estas palabras bonitas, es cierto. Son feas. Pero puede que sean hasta insuficientes para describir el tremendo estado de indignación que arropa a vastos sectores de nuestra población por las cosas que últimamente se han estado haciendo, o dejando de hacer, en el Departamento de Justicia.

La última fue esta de Roger Iglesias. El senador PNP fue denunciado por violar una ley que dice clarito que los dueños de corporaciones que hacen trabajo de ingeniería tienen que ser ingenieros licenciados. El mismísimo Departamento de Justicia, de paso, lo dejó establecido así en una opinión emitida hace cinco meses.

Una empresa propiedad de Roger Iglesias, quien estudió para ingeniero, pero no tiene licencia, tenía contratos gubernamentales para trabajos de ingeniería. Al Departamento de Justicia le llevaron los contratos con la firma del senador. En algunos de los contratos, la firma del senador aparecía antecedida por la palabra "ingeniero", lo cual también está prohibido por la ley.

El Departamento...

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