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Eco de fantasmas del pasado

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Vincent

Cuando las autoridades federales acusaron a un empleado y dos contratistas de la Legislatura, el 30 de mayo, resonó el eco de un extenso historial de fraude con fondos públicos para pagar por trabajos no realizados en el Capitolio.Al anunciar los arrestos de Ángel Figueroa Cruz, Isoel Sánchez Santiago y Chrystal Robles Báez, la jefa de la fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez, indicó que "este es el primer caso que radicamos por el uso de los famosos empleados fantasmas", pues en el pasado habían sido procesados a nivel estatal."Yo creo que todos sabemos que esto ha sido así por muchos años, y creo que es el momento de decir basta ya", agregó.Aunque las referencias en aquella rueda de prensa aludían al cúmulo de casos con convictos en la década del 90, la realidad es que la estela de empleados fantasmas rondaba por la Casa de las Leyes hacía medio siglo.Según reseña el periodista e historiador Antonio Quiñones Calderón, en su libro Corrupción e impunidad en Puerto Rico, el Departamento de Justicia acusó a 23 personas, en 1939, con relación a una serie de empleados fantasmas que firmaban la nómina mensual pese a que estaban realizando otras labores.Las alegaciones incluían a la esposa de un senador que cobró durante tres años, sin rendir servicios, y la emisión de cheques a personas desconocidas.Entonces, aquellos "cheques más tarde aparecían endosados y cobrados por legisladores o familiares de estos; de funcionarios del Senado que certificaban nóminas de empleados a sabiendas de que esos pseudoempleados no realizaban labor alguna en el Capitolio", indica Quiñones Calderón."Era el primer gran escándalo político masivo desde el poder legislativo", plantea en su libro.Además de las acusaciones, resultó en que el gobierno federal destituyera al auditor de Puerto Rico, de apellido McLeod.Luego, en 1962, surgió un escándalo que, aunque no terminó con acusaciones criminales, provocó recortes en el presupuesto de la Legislatura para el año siguiente y la eliminación de 59 puestos políticos subsidiados desde la nómina pública.Una investigación del periodista Alex W. Maldonado en The San Juan Star reveló que empleados del entonces presidente de la Cámara, Ernesto Ramos Antonini, trabajaban en su oficina privada de abogado.Además de destapar varios casos de nepotismo por familiares de legisladores empleados en el Capitolio, también halló que en la nómina de las cámaras había personas laborando a tiempo completo en el Partido Popular Democrático...

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