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Los efectos de Irma para los bonistas

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Vincent

Aunque Puerto Rico no experimenta los estragos que el huracán Irma dejó en el estado de la Florida o las Islas Vírgenes estadounidenses, el evento tendrá consecuencias mixtas para los bonistas del territorio que busca reorganizar sus finanzas bajo la ley federal PROMESA.

Según el analista de Municipal Market Analytics (MMA), Matt Fabian, el paso del huracán Irma puede hacer más difícil que la corte apruebe un plan de ajuste de deudas que desvíe recursos adicionales del gobierno puertorriqueño hacia los bonistas.

Pero del otro lado, según Fabian, los daños experimentados en la red eléctrica terminarían acelerando el nombramiento de un síndico para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) como han solicitado al Tribunal federal ciertos bonistas y aseguradores municipales de la utilidad pública.

“MMA percibe nuevos daños a los actuales bonistas de Puerto Rico por la vía de los efectos de (el huracán) Irma en la jueza federal y en la empatía legislativa hacia el gobierno vis a vis sus acreedores en los mercados de capital”, indicó Fabian en un reporte al mercado y en el que anticipó que el gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) utilizarán los eventos asociados al fenómeno atmosférico como argumentos en los procesos de Título III en curso.

El huracán Irma azotó el litoral norte de Puerto Rico el pasado 6 de septiembre. Ese día, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) presentó una notificación a la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain para hacerle partícipe del paso del fenómeno atmosférico por Puerto Rico e indicar que se reservaba el derecho de solicitar extensiones a las fechas establecidas por el tribunal para la presentación de mociones, objeciones o recursos similares.

No obstante, mientras el huracán Irma rozaba a Puerto Rico y casi toda la isla quedaba sin electricidad, Swain continuó adelante con el proceso judicial. Esto, al avalar el calendario de descubrimiento de prueba para la controversia entre los bonistas de Obligaciones Generales (GOs, en inglés) y de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina).

El fallo adverso a Peaje. La jueza, además, falló en contra de Peaje Investment, dueño de unos $65 millones en bonos de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT). Esto, al concluir que Peaje no presentó evidencia que justificara un interdicto contra el gobierno. Peaje buscaba que la ACT reanudara el envío de los recaudos de peaje a las cuentas de...

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