Embajador defiende fallo en Dominicana

Aníbal de Castro

Embajador de la República Dominicana en Washington

Su editorial "Un vergonzoso fallo 'constitucional'" (Noviembre 10 en El Nuevo Día) yerra desde el principio hasta el final al evaluar la sentencia del Tribunal Constitucional dominicano del 24 de septiembre, y que en ninguno de sus apartados "ordena despojar de su nacionalidad a cerca de tres generaciones de quisqueyanos hijos o descendientes de haitianos indocumentados". La decisión versa sobre extranjeros y ratifica una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de diciembre del 2005 que estatuye sobre quiénes son dominicanos.

Ignoro de dónde sale la cifra de 250 mil seres humanos "amenazados por el despojo". De hecho, la sentencia ordenó una revisión de los libros de registro de nacimientos a partir del 1929 para determinar quiénes son extranjeros y si los asentamientos registrales se hicieron de acuerdo a las leyes.

Tras un esfuerzo masivo, se examinaron 60,000 libros del Registro Civil, a cargo de la Junta Central Electoral, y solo 53,847 entradas correspondían a extranjeros. De estos, más de la mitad, 29,445 y 98 nacionalidades, cumplen con las disposiciones vigentes y sus descendientes son dominicanos. Hay 24,392 inscripciones irregulares y de ellas, 13,672 corresponden a descendientes de nacionales haitianos. No puede considerárseles apátridas puesto que la Constitución haitiana reconoce la nacionalidad a todo hijo de haitiano no importa donde nazca.

No hay, pues, base alguna para concluir, tal como señala el editorial de marras, que cientos de miles de haitianos serán afectados por la sentencia. Parte de la soberanía de un país es decidir quiénes son sus nacionales y cómo se adquiere...

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