'Emergencia' por Ley 154
Por Joanisabel González y José A. Delgado
puertoricohoy@elnuevodia.com
La notificación -por medio de cartas en las que detallan cómo el impuesto afecta sus planes de inversión- fue hecha por Edwards Lifesciences, el icono en marcapasos Medtronic, Pfizer y Eli Lilly, según Pedro Watlington, presidente de la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR).
Otras empresas, que no identificó, han ido más lejos y han detenido las iniciativas de inversión planificadas.
La reacción de esas empresas coincide con la presión que ejercen las más importantes organizaciones empresariales de Estados Unidos, con cuyas filosofías suelen coincidir los políticos republicanos, en contra de la decisión de Fortuño de arañar un pedazo de las ganancias de corporaciones estadounidenses que hacen negocios en Puerto Rico como compañías foráneas para sufragar los beneficios de la reforma contributiva.
"Hay una situación de emergencia por la Ley 154", indicó Watlington.
"Estamos alarmados", dijo, por su parte, el principal oficial ejecutivo de la Asociación de Manufactureros de Estados Unidos (NAM, por sus siglas en inglés), John Engler, un conservador republicano que fue gobernador de Michigan.
Engler, a nombre de la NAM (a la cual pertenece la AIPR), afirmó que el impuesto puede colocar "en peligro más de 100,000 empleos" y "dañar relaciones de negocio, entre las compañías afectadas y el Gobierno de Puerto Rico, que han tomado años desarrollar".
"Lo más preocupante de esta ley es que fue aprobada en 48 horas, sin audiencias públicas. Al aumentarle los costos de producción a estos manufactureros, el Gobierno de Puerto Rico pone en peligro puestos de trabajo y el crecimiento económico, en momentos en que nuestra economía global tiene problemas para recuperarse de esta recesión tan paralizante", dijo Engler.
Previamente, la Asociación de Industrias de Manufactura e Investigación Farmacéutica (Phrma, por sus siglas en inglés), la Cámara de Comercio de Estados Unidos y la Organización de la Industria Farmacéutica (PIO) habían advertido que el nuevo impuesto -que comienza en 4% y desaparecerá en seis años- es un fuerte obstáculo para el desarrollo de negocios en Puerto Rico.
Las empresas consideran que el tributo pone en riesgo el clima de inversión en Puerto Rico, no sólo por el impuesto a las compras que efectúen las corporaciones foráneas a sus subsidiarias en la Isla -que excedan $ 75 millones anuales-, sino por el atropellado proceso que siguió la aprobación de la...
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