Encendido el debate
Por Ricardo Cortés Chico
ricardo.cortes@grfmedia.com
¿Quién tiene la razón?
Esa es la pregunta fundamental de la discusión pública.
Por un lado están quienes propulsan que se enmiende la Constitución para que se ponga trabas al otorgamiento del polémico derecho, considerado uno de avanzada cuando se creó la Constitución en 1952. Parte de ese grupo son el fiscal general Obdulio Meléndez y el fundador de Basta Ya, Luis Romero, para quienes la medida que propone la administración de Luis Fortuño es crítica para ayudar a proteger a las víctimas y testigos de los asesinatos violentos, lo que mejorará la capacidad de las autoridades de esclarecer estos crímenes.
Para ellos, la enmienda no es una "varita mágica" que resuelva los problemas de violencia, sino una herramienta adicional que busca evaluar el riesgo que representa una persona en libertad, aun cuando esta esté condicionada.
"En Puerto Rico hay cientos de sicarios a sueldo, que por $ 500 matan a un testigo y no les importa.... En ciertos casos los testigos están renuentes a cooperar porque conocen al asesino, saben que es violento y saben que se exponen a amenazas. Esto afecta la investigación. Pero con la enmienda mejoran las posibilidades de esclarecer los casos", dijo Meléndez a El Nuevo Día.
El fiscal general resaltó que en el 2010 el 50% de la población penal era reincidente. No precisó, sin embargo, cuánto de este porcentaje responde a asesinos convictos, que son los que atiende la enmienda que irá a votación el 19 de agosto.
Romero, cuyo hijo fue asesinado el año pasado en El Condado por un adolescente que intentó asaltarlo, coincide en que gran parte del problema actual de la violencia es el sentido de impunidad que existe en el País, con los bajos esclarecimientos de asesinatos.
Sin embargo, se mostró dudoso en cuanto a las estadísticas que muestran el poco efecto que tendría la enmienda, ya que entiende que la oposición tiene motivaciones ideológicas.
De hecho, Romero apuntó que un voto a favor de la enmienda va más allá del cambio constitucional, ya que enviará un mensaje del pueblo en contra del crimen y brindará a las autoridades herramientas adicionales para encarcelar a los delincuentes en el País.
El gobernador Luis Fortuño ha justificado su propuesta señalando que en los últimos tres años cerca de 800 personas han violado los parámetros de la fianza de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ), agencia pública por la cual la mayoría de los imputados obtienen...
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