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Encontrados la Junta y la Legislatura

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Vincent

La demanda de la Asamblea Legislativa contra la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) por la implementación del presupuesto avoca a Puerto Rico a un nuevo capítulo de incertidumbre y podría resultar, eventualmente, en un tranque definitivo entre el organismo federal y el gobierno puertorriqueño que forzaría al Congreso estadounidense a enmendar la Ley federal Promesa.Ayer, alegando es su deber proteger "los intereses del pueblo puertorriqueño", los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Thomas Rivera Schatz y Carlos "Johnny" Méndez demandaron al organismo federal, porque este presuntamente usurpa sus poderes.Se trata de un reclamo similar al que radicó el gobernador Ricardo Rosselló Nevares la semana pasada, explicó Yesmín Colón Colón, integrante del bufete Emanuelli y coautora de un libro sobre el controversial estatuto federal.Pero también, dijo Colón Colón, se trata de un nuevo cuestionamiento al rol que juega la JSF, la figura creada por el Congreso estadounidense para renegociar la deuda de la isla y cuyo alcance ahora también es blanco de ataques por parte de los oficiales electos de Puerto Rico."Esta es otra evidencia más de que, como hemos dicho desde que se aprobó, Promesa no funciona y el Congreso va a tener que tomar alguna determinación y enmendar la ley", dijo Colón Colón.Tras consignarse la demanda, la JSF reiteró que actúa según el mandato dado en Promesa."La JSF aprobó y certificó el presupuesto para el año fiscal 2019 en cumplimiento con el plan fiscal certificado y de acuerdo con Promesa para colocar a Puerto Rico en la ruta de la recuperación", indicó el organismo federal en declaraciones escritas."La JSF se defenderá vigorosamente de cualquier demanda que busque frustrar la implementación del plan fiscal y del presupuesto", se agregó.Fuentes de este diario aseguran que el organismo federal pondera contrademandar al gobierno.A la carga los acreedoresMientras los abogados de las partes comienzan a medir fuerzas, Assured Guaranty y Financial Guaranty Insurance Company objetaron ayer en corte que su demanda -que alega que el plan fiscal certificado por la JSF es inconstitucional- continúe suspendida a la luz de Promesa.Según Colón Colón, de un lado, el litigio incoado por Rivera Schatz y Méndez parece una maniobra "política" porque los argumentos y remedios que solicitan son similares a los esbozados por Rosselló Nevares, y por ello, pudieron unirse al reclamo del gobernador.Del otro lado, explicó Colón Colón, el...

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