Enfrenta sus limitaciones

Cuando la jueza federal Laura Taylor Swain falló en contra de la petición de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), quienes se encontraban en la sala del Tribunal Federal de Hato Rey intercambiaron miradas de asombro.

Desde la corte en Nueva York, la togada rechazó la petición de la JSF de nombrar a Noel Zamot como oficial de transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), negándole así poderes que hubiesen menoscabado los del gobierno de Puerto Rico. En el tribunal de Hato Rey, los espectadores de la videoconferencia se mostraron sorprendidos. Entre ellos, se encontraba el licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez.

“Antes de la decisión, el consenso en la sala era que la jueza iba a emitir la orden aprobando al CTO (oficial de transformación para la AEE). Nos miramos. Alguna gente dijo ‘back to square one’ (de vuelta al principio). La coyuntura histórica era el factor que hizo que la mayoría de los abogados se hayan sorprendido con la decisión”, narró el abogado ponceño.

La Sección 303 de la ley Promesa establece que un proceso bajo el Título III de ajuste de deudas no limita ni menoscaba el poder del gobierno y sus agencias de controlar su territorio, mientras que la Sección 305 indica que una corte judicial no podrá interferir con los poderes políticos o de gobierno del deudor.

En estos dos postulados se ancló la jueza federal para determinar que la JSF se había excedido de los poderes que le otorga la ley aprobada por el Congreso el 30 de junio de 2016.

“Primero supervisa, luego controla”

Para el abogado constitucionalista Carlos E. Ramos González, la interpretación de la jueza “es correcta” a base de una lectura restrictiva de los poderes de la Junta. No obstante, le sorprendió su decisión.

A juicio del catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, la situación crítica que atraviesa la AEE generaba un terreno fértil para interpretar “poderes implícitos” de la Junta. Abonaban a ese clima el proceso de quiebra que enfrenta la corporación pública, su plan de reorganización aún sin completar, el desplome de la red eléctrica masacrada por el huracán María y la controversia que han generado los contratos otorgados por el ente, sobre todo a la empresa Whitefish Energy Holdings.

“Se le estaba dando mucho peso a la coyuntura. La crisis del sistema eléctrico que está destruido, las gestiones de reconstrucción que han estado plagadas de irregularidades e indicios de posible corrupción. Eso podía dar paso a que la...

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