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Una enmienda engañosa

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CARLOS IVÁN GORRÍN PERALTA

PROFESOR DE DERECHO CONSTITUCIONAL

Una constitución contiene las reglas básicas para conducir la cosa pública de un país. Crea las estructuras del Estado y les delega poderes para realizar sus funciones. También limita los poderes delegados mediante la garantía de derechos del pueblo.

Entre los poderes delegados a la Rama Ejecutiva está poner en vigor las leyes penales. El Gobierno puede implantar medidas de prevención, investigar crímenes para acusar ante los tribunales y someter a las personas culpables a castigo y rehabilitación para luego reintegrarlas a la libre comunidad.

Estas funciones hay que realizarlas respetando derechos que nos protegen de abusos de poder. No se pueden hacer registros irrazonables en las investigaciones. El juicio tiene que realizarse con prontitud. No se pueden usar confesiones extraídas indebidamente. Se presume la inocencia mientras no se pruebe la culpabilidad más allá de duda razonable. No se pueden imponer castigos crueles. Antes del juicio, todo acusado tiene derecho a permanecer libre bajo fianza.

Por supuesto, sería más fácil para el Gobierno realizar sus funciones si no tuviera que respetar los límites que le imponen los derechos de las personas. Por ejemplo, los inquisidores y cazadores de brujas de antaño lograban confesiones mediante tortura. Los gobiernos de Hitler y de Stalin obtenían pruebas incriminatorias mediante registros abusivos de personas tanto culpables como inocentes. Podían encarcelar sin juicio, sin presumir inocencia y sin permitir la libertad bajo fianza. Los gobiernos, en general, tienen la tendencia de limitar derechos para poder actuar sin la inconveniencia de respetar los derechos de las personas.

El Gobierno de Puerto Rico propone la enmienda constitucional para supuestamente facilitar el control de la criminalidad. Es el mismo Gobierno que no esclarece más de la mitad de los asesinatos que se cometen. Salvo honrosas excepciones, su fuerza policíaca está corrompida y tiene un vergonzoso récord de abusos de poder. Es el mismo Gobierno que mantiene un sistema de corrección corrupto e ineficiente, donde "empleados" jubilados siguen cobrando por más de diez años. Es el Gobierno...

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