¡Qué vergüenza!

ÁNGEL ROSA

PROFESOR DE CIENCIAS POLÍTICAS

Sin embargo, la historia es distinta cuándo los implicados son miembros del Senado. El lunes pasado un jurado federal compuesto por doce puertorriqueños encontró culpable de cargos de conspiración y soborno al senador del distrito de Carolina, Héctor Martínez. Igualmente resultó convicto por los mismos delitos, más uno de cometer actos de crimen organizado a través del comercio interestatal, el empresario de seguridad Juan Bravo.

Los puertorriqueños observamos atónitos cómo el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, en una actitud francamente insostenible utilizó todo su poder e influencia, para actuar abiertamente en contra del ordenamiento jurídico. Desde que se produjo el veredicto en su contra, Héctor Martínez es un delincuente convicto. Entre otras cosas, esto quiere decir que ya no le asiste el derecho constitucional a la presunción de inocencia.

La Constitución de Puerto Rico dice en su Artículo III, sección 9, que cada cámara "podrá decretar la expulsión de cualquiera de sus miembros por las mismas causas que se señalan para autorizar juicios de residencia en la sección 21 de este Artículo". A su vez, la sección 21 lee: "Serán causas de residencia la traición, el soborno, otros delitos graves, y aquellos delitos menos grave que impliquen depravación". El texto e intención de la Constitución no dejaba dudas sobre lo que había que hacer. Haber sometido al País a toda una semana de controversias sobre un asunto cuyo desenlace era inescapable, representó una afrenta al poder del pueblo.

La actitud de Rivera Schatz es síntoma de un mayor deterioro legislativo que resulta extremadamente peligroso para nuestra democracia. La actitud de la mayoría senatorial implicaba la terrible pretensión de obligar a los ciudadanos del distrito de Carolina a ser representados por un delincuente convicto. En pocas palabras, el Senado de Puerto Rico se ha convertido en un club privado de amigos donde los intereses individuales de sus...

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