La EPA flexibiliza sus normas

En plena pandemia de COVID-19, la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés) flexibilizó algunas de sus normas y determinó que no impondrá sanciones a aquellas empresas que demuestren que, debido a la emergencia, no pueden cumplir con sus obligaciones de monitoreo e informes rutinarios.De inmediato, grupos conservacionistas y comunitarios, dentro y fuera de Puerto Rico, advirtieron que la determinación de la EPA les da a las compañías total libertad de violentar los estándares ambientales durante la pandemia.En un memorando emitido el 26 de marzo, Susan Parker Bodine, de la Oficina de Acatamiento y Cumplimiento de la EPA, expuso que "las consecuencias de la pandemia pueden restringir la capacidad de las entidades reguladas para realizar monitoreo de rutina, pruebas de integridad, muestreo, análisis de laboratorio, capacitación e informes de certificación".Por lo tanto, agregó la funcionaria, la EPA no impondrá sanciones en situaciones en las que se demuestre que el COVID-19 fue la causa de incumplimiento con alguna de dichas acciones. A pedido de la EPA, las empresas deberán proporcionar documentación de respaldo.La nueva política de la EPA se aprobó retroactivamente al 13 de marzo y, por ahora, no tiene fecha de culminación.Mediante una declaración escrita enviada a El Nuevo Día desde la Región 2 de la EPA -a la que Puerto Rico pertenece-, la agencia indicó que su política "no dice" que la pandemia de COVID-19 excusará el exceso de limitaciones de contaminantes en los permisos, regulaciones y leyes."La EPA espera que las entidades reguladas cumplan con todas las obligaciones y, si no lo hacen, la política dice que la EPA considerará la pandemia, caso por caso, al determinar una respuesta adecuada", añadió la agencia."Esta no es una exención a nivel nacional de las normas ambientales", manifestó, el 2 de abril, el administrador de la EPA, Andrew Wheeler.Según la EPA, su oficina en Puerto Rico "continúa monitoreando el cumplimiento", y ejemplo de ello son las "docenas" de querellas ciudadanas que se han recibido. "Nuestro personal ha podido darles seguimiento y atender los problemas de salud pública y medioambientales", dijo.Una de esas querellas fue sometida por la organización Comunidad Guayamesa Unidos por tu Salud, que denunció que, tras la aprobación de la norma temporal de la EPA, aumentaron los "fuertes olores a químicos" presuntamente procedentes de la cogeneradora...

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