'Esto es bien cuesta arriba'
Por Gloria Ruiz Kuilan
gruiz@elnuevodia.com
Con la receta de mermelada de mamey que aprendió a hacer a los 18 años, esta antropóloga visualizó la ruta que hoy es la fuente de ingresos de su hogar, provee la manutención de sus cuatro hijos y, más importante aún, les enseña el valor y la dignidad del trabajo.
Al igual que Mayra, Miguel Torres creó su microempresa para ofrecer servicios fotográficos en todo tipo de evento. Ambos formaron parte de los miles de empleados cesanteados por la Ley Especial de Emergencia Fiscal o Ley 7, implementada por la pasada administración de Luis Fortuño.
Tras el despido, ambos optaron por reemplearse como pequeños empresarios, pero utilizaron diferentes herramientas y sus casos tuvieron distintos desenlaces.
Reconocieron, en entrevistas separadas, que establecer un pequeño negocio fue un ejercicio arduo que depende de muchos factores y que, no siempre, termina siendo próspero.
La Ley 7 se puso en vigor entre 2009 y 2010 y conllevó el despido -por fases- de miles de empleados gubernamentales. La primera consistió en que 2,553 empleados dejaran sus puestos en el Gobierno de manera voluntaria. La segunda conllevó la cesantía de 14,139 funcionarios públicos que no contaran con 13.5 años o más en sus puestos. Sin embargo, después de los despidos, se supo que hubo gente cesanteada que superaba ese período de antigüedad.
Según el anuncio que hizo en mayo del 2009 la Junta de Reestructuración y Estabilización Fiscal, entidad que se creó exclusivamente para atender la Ley 7, los cesanteados tenían derecho a una de las siguientes ayudas: un vale educativo por $5,000, un vale para adiestramiento técnico o vocacional por $2,500, un vale para sufragar costos de relocalización de $2,500, un vale para ayudar a montar su propio negocio por $5,000 o un subsidio de 50% de su salario al ser empleado por la empresa privada.
Las pocas estadísticas que posee el Gobierno sobre los funcionarios públicos despedidos dan cuenta de que, de los 18,929 cesanteados, solo 3,853 recibieron una de las cinco ayudas que ofrecía el Gobierno. De esa cifra, unos 1,317 le echaron mano al vale de $5,000 para crear un negocio.
Sin embargo, el respaldo del Gobierno culminó con el desembolso del dinero. Y para algunos, como es el caso de Mayra, ni eso llegó. Contó que tras ser despedida en el 2009 del Archivo General de Puerto Rico, donde llevaba tres años laborando, llenó la información que le solicitaron en la página puertoricotrabaja.com. con el fin...
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