'Es un paso histórico'
Por Israel Rodríguez Sánchez
israel.rodriguez@elnuevodia.com
Los fotoperiodistas fueron ubicados en un área habilitada en la última fila de los bancos destinados para el público y, minutos después de iniciados los trabajos, todo transcurrió con absoluta normalidad, con la única diferencia de que el proceso judicial era transmitido en directo a todo el país.
Al final de la jornada, jueces, abogados, organizaciones de prensa, demandados y demandantes coincidieron en que esta primera experiencia -que se repitirá como un proyecto piloto a lo largo de un año- tuvo un saldo exitoso y permitirá al pueblo conocer cómo opera el sistema de justicia del país.
Las salas escogidas para este proyecto fueron la 904 y la 907, en la que se atienden recursos extraordinarios.
"Sigo reiterando que es un paso histórico", indicó a este diario en la tarde de ayer el juez presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton. "Realmente es un paso fascinante. En la transmisión se vio que todo fluyó normalmente. No hubo interrupciones. Los abogados continuaron con su trabajo y sus presentaciones según lo tenían programado. Todo fluyó muy bien", insistió Hernández Denton.
Esta apertura no solo dará a paso a la transparencia, sino que dará la oportunidad de ver el proceso judicial con todos sus componentes, agregó el juez presidente.
"Van a ver a los jueces, a personas en sala, a los abogados, a los testigos. Van a ver un juicio. Van a ver cómo es que funciona el sistema judicial. Yo creo que eso abona a la transparencia, abona a que el país confíe más en su sistema judicial y en los procesos judiciales", narró entusiasmado.
La prensa se concentró ayer en el caso Correa Avilés vs. McConell Valdés que se ventilaba en la sala 904 que preside el juez superior Ángel R. Pagán.
En sintesis, la controversia que se intentaba dilucidar ayer era si la abogada Maggie Correa Avilés, quien fue despedida de McConnel Valdés el año pasado, además de socia propietaria del bufete era empleada de esa firma.
Este asunto es crucial porque Correa Avilés entabló una demanda en la que alega que su despido del bufete obedeció a que fue discriminada por razón de edad y género. La controversia, en el fondo, es si a Correa Avilés le aplica la Ley 100 que protege empleados del discrimen laboral.
"Me parece una idea estupenda. El pueblo de Puerto Rico necesita saber lo que pasa en los tribunales. En este caso en particular, en que yo soy la demandante, me siento que estoy buscando justicia...
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