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Otra estocada a la confianza boricua

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Por Yanira Hernández Cabiya

yhernandez@elnuevodia.com

Para que lo entienda la gente de a pie, la independencia judicial es una herramienta que garantiza a un ciudadano que un juez dispensará justicia basado en la ley, sin temor a que alguien pueda pasarle factura por sus decisiones.

El tema de la independencia judicial es obligado en muchos países latinoamericanos en los que gobiernos dictatoriales han intentado, a veces con éxito, subyugar al poder judicial para justificar sus decisiones políticas.

La Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF, por sus siglas en inglés), con sede en Washington D.C., dice que la independencia judicial se afecta por varios factores: las asignaciones presupuestarias, los procesos de designación o ascenso, o la aprobación de leyes limitando la discreción del juez en algunos casos.

En Puerto Rico hubo un gran avance a favor de esa independencia cuando en el 2002 la Asamblea Legislativa aprobó legislación para que el presupuesto de la Rama Judicial fuera determinado por una fórmula fija y no quedara a la merced de las prioridades del gobierno de turno.

Hoy día, ese adelanto se ve amenazado con acciones como el rechazo a la renominación de los hoy exjueces González Quesada y Yasmín Nadal. Ambos juristas fueron descalificados sin que se consideraran sus méritos.

El senador Roger Iglesias, encargado de evaluar los nombramientos judiciales, ha admitido que la decisión de colgar a los dos juristas fue del caucus de la mayoría novoprogresista en el Senado...

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