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En etapa final la vista contra Petro West

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Vincent

La última testigo de la fiscalía contra la empresa Petro West y su presidente, José González Amador, detalló ayer al tribunal que la compañía le cobró a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) un impuesto que no remitió al Departamento de Hacienda hasta después de que se le requirió evidencia de ese pago.

La auditora de la división de corporaciones públicas de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR), Liza M. Vélez Figueroa, explicó que, como parte de una auditoría que realizaba su división sobre la AEE, en julio de 2015 se le pidió a la empresa que demostrara los pagos efectuados por un arbitrio, conocido como “Excise Tax”, que se le imponía por la venta de combustible.

La testigo de los fiscales Iván de Jesús González y Carmen Padilla, dijo que, en septiembre de 2015, la empresa envió esos documentos que evidenciaban la radicación de planillas y el pago hecho a Hacienda.

No obstante, mencionó que el matasellos del Departamento de Hacienda mostraba que esos pagos se hicieron los días 4, 5, 7 y 10 de agosto de 2015. Esto fue un mes después del requerimiento de documentos por parte del Contralor.

Según dijo Vélez Figueroa, las ventas de combustible a la AEE se hicieron entre el 2012 y 2013 y se suponía que Petro West radicara esas planillas por concepto de arbitrios 10 días después de producirse la venta.

“En esas planillas está el nombre de José González, como presidente”, dijo la testigo.

Del testimonio de Vélez Figueroa se desprende que los primeros suministros que Petro West hizo a la AEE los compró a las petroleras Texaco, Puma y Shell.

De la lectura que la auditora hizo de esas facturas concluyó que Texaco pagó el arbitrio estatal y que Shell le cobró a Petro West el importe que presuntamente hizo a Hacienda por el “Excise Tax”.

Durante su testimonio, no mencionó ni se le preguntó si la OCPR les requirió a Texaco, Shell y Puma la misma evidencia de pago pedida a Petro West.

$10 millones

La fiscalía le imputa a la empresa y a su presidente 46 cargos de apropiación ilegal de fondos públicos. De esos cargos, 38 están relacionados con el arbitrio estatal por la venta de combustible.

Las otras denuncias tienen que ver con un supuesto sobrecobro que hizo a la AEE por pagos que emitió por concepto de patentes municipales en Hormigueros, Mayagüez...

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