Evalúan cómo entregar los fondos

WASHINGTON.- Mientras el Departamento de Vivienda federal (HUD) aún retiene la entrega de los primeros $1,500 millones en fondos del programa de desarrollo comunitario para atender desastres (CDBG-DR) para mitigar los daños causado por el huracán María en la isla, sectores republicanos y del gobierno de Donald Trump barajan aún posibles alternativas para fiscalizar el manejo de los fondos de emergencia que se otorgan a Puerto Rico.Funcionarios federales han discutido reclamar mayor atención a este asunto de parte de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a cargo de las finanzas públicas de Puerto Rico y reclamarle alguna certificación de que no se va a utilizar "dinero de los contribuyentes estadounidenses" para incrementar el pago de la deuda pública.También se ha analizado la designación de un funcionario de alto nivel para coordinar los desembolsos. "Son discusiones aún a nivel de staff", pero en consulta con sectores republicanos del Congreso, advirtió ayer una fuente cercana al gobierno de Trump.Pero, la información coincide con el reportaje de la publicación Axios -de hace justo un mes-, en el sentido de que Trump no quiere que se asignen más fondos a Puerto Rico para mitigar desastres y su tuit de octubre en el que alegó que el dinero asignado para atender el desastre que dejó en la isla el huracán María se estaba utilizando para pagar "viejas obligaciones".Otra fuente del gobierno de Trump minimizó las conversaciones y dijo que la decisión sobre la distribución de los fondos seguirá en manos de las agencias.El Congreso y el Ejecutivo federal han aprobado cerca de $42,000 millones para mitigar el desastre causado por el huracán María. De esos, hay unos $20,000 millones en fondos del programa CDBG-DR que estarían íntimamente ligados a la reconstrucción de Puerto Rico.El secretario de HUD, Ben Carson, fue el 20 de septiembre a Puerto Rico a anunciar el acuerdo para el desembolso de los primeros $1,500 millones en fondos CDBG-DR. Tres meses después, el dinero no se ha entregado.Las conversaciones que aún tienen lugar dentro del gobierno federal son un recordatorio de las restricciones que republicanos del Congreso han discutido imponer en el último año.Bajo la ley bipartita de presupuesto de febrero pasado, se validó que la JSF pueda revisar cada contrato...

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