El éxito y el desastre al recortar la deuda
En el 1984, cuando el Congreso de los Estados Unidos enmendó el Código de Quiebras para excluir a Puerto Rico de las protecciones del Capítulo 9 de bancarrota municipal, se allanó el camino para que el actual intento de renegociar la deuda pública de la Isla entre en terreno nunca antes conocido.
La reestructuración de la deuda de Puerto Rico seguirá el marco legal trazado por la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés), creada específicamente para atender la bancarrota puertorriqueña, aunque también aplicaría en caso de que alguno de los territorios estadounidenses entre a una crisis similar a la de la isla.
Esta realidad legal, junto a las particularidades de Puerto Rico como territorio estadounidense, marca un camino distinto al que tomaron los gobiernos de Grecia y Argentina, en la encomienda de reducir la carga de la deuda pública durante sus respectivas crisis. También es distinto a lo acontecido en la ciudad de Detroit en Michigan, con la quiebra municipal del 2013, que también incluyó un recorte o “haircut” de la deuda pública. El camino que siguió Detroit, sin embargo, podría decirse que es el proceso más parecido al que se avecina para Puerto Rico.
La razón es simple: el Título III de la Ley PROMESA, que provee para un proceso de bancarrota, se fundamenta en gran medida en las disposiciones de los Capítulos 9 y 11 del Código de Quiebras Federal.
“En términos procesales es el caso que se conoce al que más se parecerá el caso de Puerto Rico. Las disposiciones de PROMESA las sacaron de los Capítulos 9 y 11 del sistema de quiebras federal”, expresó el abogado Rolando Emmanuelli.
La quiebra municipal. Los problemas en Detroit comenzaron, al igual que en Puerto Rico, con una caída en la producción industrial y los gobiernos tomando dinero prestado para subsanar los vacíos económicos que provocaban la recesión.
El 18 de julio de 2013, la ciudad de Detroit solicitó que el Tribunal de Bancarrotas de EE.UU. los declarara en quiebra. Uno de los primeros obstáculos del caso se basó en el reclamo de los acreedores de que la ciudad no había hecho el intento de negociar con ellos un ajuste de la deuda. El juez de quiebra Steve Rhodes determinó que era poco práctico ese proceso cuando había tantos acreedores.
Rhodes, sin embargo, encaminó judicialmente un proceso de negociación con la mediación de Gerald Rosen, el entonces juez presidente del Distrito del Este de Michigan...
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