La experiencia de Luisiana
WASHINGTON.- La experiencia de Luisiana tras el huracán Katrina indica que puede tomar años lograr la condonación del préstamo federal de emergencia de hasta $2,065 millones que el Departamento del Tesoro ha propuesto entregar a Puerto Rico.
Si el Ejecutivo estadounidense decidiera no condonar el préstamo federal que le ofrece al gobierno de Puerto Rico para mitigar la pérdida de ingresos debido al huracán María, las autoridades boricuas tendrán que presionar por legislación del Congreso.
El trámite en el gobierno federal para perdonar los préstamos otorgados a Luisiana después del huracán Katrina, que asoló ese estado en 2005, demoró cuatro años. Y fue más cuesta arriba debido a que originalmente el Congreso prohibió que la ayuda fuera condonada.
Después de Katrina, el gobierno federal autorizó $999.8 millones en préstamos para gobiernos locales y grupos cívicos de Luisiana a través del programa para asistir a comunidades que se han enfrentado a desastres (CDL, por sus siglas en inglés), que tiene el objetivo de evitar que se afecten los servicios básicos a ciudadanos.
Los préstamos se distribuyeron entre gobiernos locales, corporaciones públicas municipales, distritos escolares y departamentos de Bomberos, entre otros.
En total, el gobierno federal desembolsó a entidades de Luisiana $837.3 millones, de los cuales se perdonaron $23.5 millones, según la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).
La mayor parte de la línea de crédito se aprobó por el Congreso el 7 de octubre de 2005, solo 39 días después de que el huracán azotara Luisiana, causando cerca de $125,000 millones en daños.
Debido a que la legislación aprobada para mitigar el desastre en Luisiana prohibió condonar los préstamos, el Congreso tuvo que legislar dos años después para permitir que se perdonaran.
Pero, no fue hasta el 2009 que FEMA emitió las reglas que permitieron cancelar la mayor parte de ese dinero, según una declaración del 30 de marzo de ese año del congresista republicano Steve Scalise (Luisiana), ahora número tres de la mayoría republicana de la Cámara baja federal.
Bajo el programa tradicional CDL, las cantidades del préstamo suelen no exceder el 25% del presupuesto operacional que tuvo el gobierno local en el año fiscal en que ocurrió el desastre, o el estimado acumulado de pérdida de ingresos a causa del desastre. El total a otorgarse, además, no supera los $5 millones, según un informe de 2012 del Servicio de Investigaciones del Congreso.
La ley...
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