Expertos urgen a fijar edad mínima para acusar
La fémina entró sola a una tienda por departamentos en Fajardo, se paseó tranquilamente por las góndolas como quien va a matar el tiempo y, en el camino, cuando creía que nadie la miraba, iba apropiándose de artículos por los que no pensaba pagar: un sostén, un esmalte para uñas y par de trajecitos de muñecas Barbie.
Fue vista, detenida y procesada por ratería, en hechos ocurridos el año pasado. Parece una situación rutinaria de las que se ven a diario en los tribunales.
Pero no lo es.
La fémina es una niña de solo 10 años, que venía de un entorno familiar de maltrato, vivía sin supervisión y, por su edad, no estaba en capacidad de entender ni las consecuencias de su acción, ni mucho menos el complejo e intimidante proceso legal cuasicriminal que tuvo que enfrentar posteriormente, según la psicóloga forense que la atendió a petición de su abogada.
“Venía de un ambiente de conflictos, un ambiente que le causaba estrés a su corta edad, con recursos familiares y económicos limitados. Se puso bien ansiosa durante el proceso, con mucho miedo de que le quitaran a su mamá. Su mayor preocupación era que si la metían presa por más de diez años no iba a poder volver a ver a su mamá”, dijo la doctora Nancy Rodríguez Otero, la psicóloga forense que examinó a la niña a petición de su abogada, Marta Aponte Rabassa.
El caso de esta niña, cuya identidad no se revela porque los procesos judiciales de menores son confidenciales a menos que los padres o abogados de los niños consientan en lo contrario, ilustra uno de los grandes problemas del sistema de justicia juvenil de Puerto Rico: la ausencia del requisito de una edad mínima para acusar niños causa que criaturas que apenas aprenden a vivir se vean inmersos en traumáticos procesos diseñados para adultos.
Al igual que los adultos, los niños son arrestados, esposados, se les leen derechos, se llevan encadenados ante jueces y, dependiendo de la gravedad de la falta, de las reincidencias y de si hay o no alguien apto para cuidarlos, son encarcelados, sin importar la edad.
“No puedo seguir teniendo niñas y niños que yo me siente en la falda para tratar de explicarles el proceso que están enfrentando. No puedo tener niñas y niños llorando en sala porque creen que los van a meter presos. No es justo. Eso es maltrato institucional del Estado hacia los menores”, dijo Aponte Rabassa, quien trabaja para la Sociedad de Asistencia Legal (SAL).
A raíz de un reportaje sobre este tema publicado por El Nuevo Día en abril...
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