Familia tendría que devolver millones
Por Alba Y. Muñiz Gracia
alba.muniz@gfrmedia.com
La copresidenta del Comité de Transición del gobierno, la ingeniera Ingrid Vila, explicó que esa cifra podría ser aún mayor porque la información surge de una investigación que está en curso y de la que obtuvo conocimiento a través de conversaciones con agencias federales como parte del proceso de cambio de administración.
La también secretaria de la Gobernación entrante indicó que los malos manejos se detectaron en las organizaciones privadas, con y sin fines de lucro, que ofrecen esos servicios a través de ACUDEN. Vila hizo hincapié en esta situación durante una conferencia de prensa celebrada en el Departamento de Estado, en el Viejo San Juan, tras la comparecencia de la secretaria de la Familia, Yanitsia Irizarry, en las vistas de transición del gobierno.
La ingeniera también resaltó el efecto que han tenido los despidos, producto de la Ley 7 de Emergencia Fiscal, en los servicios que ofrece el DF y las agencias que operan bajo su sombrilla, como la Administración de Familias y Niños (ADFAN). Durante la vista, Irizarry reveló que, tras la cesantía de cientos de empleados por Ley 7, entre ellos 33 abogados de la agencia, el DF contrató a una cooperativa integrada en su mayoría por esos licenciados despedidos para atender los mismos casos que antes tenían a cargo.
Irizarry agregó que el despido de la treintena de abogados y la contratación de la cooperativa, a través de la que recibe los servicios de 39 abogados, representó ahorros anuales para la agencia de $ 600,000.
Indicó que esos 33 abogados le costaban a la agencia $ 1,481,629 al año, mientras que el contrato asciende a $ 971,250. Por haber sido empleados del DF, estos abogados tienen un peritaje que la propia agencia exige para trabajar los casos ante los tribunales.
"Han salido a relucir numerosos contratos onerosos y varias situaciones donde empleados cesanteados por la Ley 7 fueron reemplazados por servicios por contrato ofrecidos por entidades privadas", expresó Vila.
"Se estiman que fueron cesanteados miles de empledos en el DF por conducto de la Ley 7. Aunque se excluyeron los técnicos y asistentes de servicios, fueron cesanteados abogados que litigaban los casos y choferes que trasladaban los niños", agregó la ingeniero.
Durante la vista, la exjueza Dolores Rodrígue cuestionó sobre los contratos otorgados al pastor Aníbal Heredia para la dirección de la Oficina de Iniciativas Comunitarias y Base de Fe. Según Rodríguez, los...
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