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Al fin cumple la ley la Junta de Libertad Bajo Palabra

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Por Eugenio Hopgood Dávila

ehopgood@elnuevodia.com

Así lo anunció ayer el gobernador Luis Fortuño, acompañado de los secretarios del Departamento de Justicia, Guillermo Somoza; de Hacienda, Jesús Méndez; y de Corrección y Rehabilitación, Jesús González Cruz.

Fortuño dijo que se trata del caso más antiguo vigente en el sistema judicial federal de Estados Unidos, (Montero vs. Hernández Colón) iniciado en 1975.

Este caso luego fue consolidado con el pleito de clase Morales Feliciano vs. Romero Barceló, en el que lleva litigándose durante décadas los reclamos de las condiciones carcelarias en la Isla por el hacinamiento excesivo y otras violaciones de derechos civiles, explicó el secretario Somoza.

El gobernador planteó que, en el caso Morales Feliciano, el Tribunal Federal le ha impuesto multas por $ 260 millones al Gobierno de Puerto Rico, de las cuales unos $ 40 millones se han destinado a gastos legales y pago de honorarios de la representación legal de los confinados del País, quienes forman la clase demandante en el caso.

Indicaron que de esa suma, Puerto Rico ha pagado $ 170 millones.

El gobernador planteó reiteradamente que el resolver este aspecto del pleito, relacionado con los trámites de libertad bajo palabra, "significará una economía millonaria en cuanto a los recursos económicos y humanos que ha habido que usar en los últimos 36 años para atender este asunto". Agregó que el acuerdo "permite liberar fondos que han sido dedicados por años al pago de sanciones... será más dinero...

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